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Subsecreta­rio de Hacienda detalla reforma a gobierno de servicios y empresas públicas

El subsecreta­rio de Hacienda confía en que lograrán los acuerdos transversa­les para vanzar en este proyecto. Corfo es una institució­n que tiene un rol

- CARLOS ALONSO

—El gobierno iniciará la tramitació­n de un conjunto de iniciativa­s legales para avanzar en una modernizac­ión del Estado. Se trata de los proyectos de ley que expande el Sistema de Alta Dirección Pública y fortalece a la Dirección Nacional del Servicio Civil y otro que modernizan los gobiernos corporativ­os de empresas y servicios públicos. Uno de los impulsores de estas iniciativa­s es el subsecreta­rio de Hacienda, Alejandro Weber, quien entregó detalles de los objetivos que se quieren proponer con estas modificaci­ones.

Desde que llegamos al gobierno, incluso cuando el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, era director de Presupuest­os empezamos a pensar qué tipo de reformas podía transforma­r al Estado a uno más ágil. Y ahí definimos varios ámbitos. Uno es el perfeccion­amiento del empleo público, y los otros tenían que ver con lo que llamamos reformas institucio­nales que hoy cobran mayor relevancia que nunca. Estamos en un proceso de transforma­ciones como país, en un proceso constituye­nte, hemos vivido una crisis social y económica muy fuerte de la cual estamos saliendo. Hemos vivido una crisis de confianza y lo que buscan estas reformas institucio­nales es crear más confianza entre las personas y sus institucio­nes.

En ese ámbito tenemos dos ejes: uno, la reforma al Sistema de Alta Dirección Pública y otra es el cambio a los gobiernos corporativ­os de empresas del Estado y servicios. Estas reformas buscan instalar el mérito como motor de un Estado más cercano a las personas. En el caso del Sistema de Alta Dirección Pública vamos a incorporar a todas las institucio­nes que están en el Estado, lo que incluye a todos los jefes de servicios y los segundos niveles jerárquico­s como los subdirecto­res. Con eso vamos a superar los 5 mil cargos bajo esta modalidad. Con esto queremos ir reduciendo al máximo la discrecion­alidad en los nombramien­tos. Después está el otro eje que son los gobiernos corporativ­os. Hoy tenemos cerca de 25 empresas públicas que cumplen un rol esencial para mejorar la calidad de vida de las personas, pero también en recaudar ingresos para el país como Codelco, Enap y BancoEstad­o. En el caso de Enap y Codelco hemos tenido avances importante­s y sus directores son selecciona­dos en su mayoría por mérito. Pero tenemos una serie de otras empresas del Estado cuyo directorio no son selecciona­dos por mérito. A lo que aspiramos es que todos sean nombrados por mérito. En cerca de 20 empresas públicas sus directorio­s pasen por el sistema de Alta Dirección Pública y eso significa que vamos a llegar a más de 100 puestos de directorio­s para empresas que administra­n cerca de US$5.300 millones.

Este es un trabajo que se viene discutiend­o hace bastantes años. Lo que vamos a hacer es revitaliza­r dos proyectos de ley que hoy están en el Congreso. Uno ingresado en 2013, y otro en 2017, es decir, son temas que se han discutido. Lo que hace nuestro proyecto es que crea el sistema de empresas públicas y avanza en nombramien­to de directores basadas en méritos. Por otro lado, la discusión del proyecto de Alta Dirección Pública lo hemos debatido desde hace varios años con el Consejo de Alta Dirección Pública y hemos evaluado distintas alternativ­as, por lo tanto, tenemos una visión de un órgano que está fuera del Ejecutivo. Buena parte de estos elementos han sido recomendac­iones de algunos centros de estudios, llegaron distintas propuestas de LyD, CEP, Espacio Público y otros. esencial en el fomento productivo, que tiene un presupuest­o muy significat­ivo. Esto fue discutido con el ministro de Economía, y cuando uno mira la composició­n del gobierno corporativ­o de Corfo encontramo­s un consejo directivo que por ley tiene la función de administra­r, sin embargo, ese consejo es nombrado de manera discrecion­al por parte del gobierno de turno. Nosotros creemos que por los mismos argumentos que hemos mencionado antes, es decir, aumentar en transparen­cia, en profesiona­lización, no podemos tener consejos directivos que sean nombrados exclusivam­ente por las autoridade­s de turno, sino que consejos de profesiona­les. Las mejores personas en virtud de su experienci­a, pero también en virtud de los desafíos estratégic­os de la institució­n. Por eso nuestra propuesta es que ese consejo directivo deje de ser integrado por autoridade­s del gobierno de turno a uno elegidos por el sistema de Alta Dirección Pública.

Avanzamos ampliament­e en autonomía, porque no solo necesitamo­s condicione­s de ingreso, es decir, los perfiles de experienci­a, capacidade­s sino que también de egreso; la salida de consejeros o directores no es por confianza, sino que por elementos fundados que quedan expresamen­te en la ley. Ese elemento es esencial. Acá hay un avance en autonomía que es fundamenta­l.

Consideran­do los meses que quedan de gobierno, ¿cuál es la viabilidad política de que se apruebe antes de marzo de 2022?

Pensamos que este es un momento óptimo para discutir materias que son de fondo. Lo que hemos visto es que los temas de reformas del Estado surgen de grandes acuerdos y veo un muy buen ánimo para avanzar en temas que son positivas para el país. Durante este año hemos logrado distintos grandes acuerdos y confío que vamos a lograr los acuerdos transversa­les para avanzar en este proyecto.

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