Cierre de la mina Cerro Colorado
EJUAN CARLOS GUAJARDO
xiste poca conciencia de que se aproxima un hito en la minería chilena. La mina Cerro Colorado que comenzó en 1994, cerrará en 2023, siendo tal vez el primer caso de finalización de una de las minas que dieron origen al boom minero iniciado en los años 90 y que convirtieron a Chile en la superpotencia mundial del cobre. No son muchos los casos de cierres de minas en curso; sin embargo, destacan positivamente los casos de El Indio y de minera Pudahuel, este último a la vista de todos quienes transitan por la ruta 68, en las proximidades del túnel Lo Prado.
Cerro Colorado cuenta con un plan de cierre actualizado aprobado por la autoridad correspondiente, el cual estipula un detallado programa de acciones de cierre y también de post cierre, involucrando cientos de millones de dólares y un monitoreo que se extiende por más de 300 años. Este plan se enmarca, por cierto, en la legislación de cierre de faenas del país, la cual, no sin dificultades, logró establecer criterios que aseguran un proceso de clausura responsable.
En los tiempos que corren, caracterizados por la difusión de imágenes erróneas sobre la minería, vale la pena enfatizar que la minería responsable que se realiza en Chile se hace cargo del desafío de cerrar adecuadamente sus operaciones, pues este proceso es complejo por los potenciales impactos ambientales y socioeconómicos que involucra.
Por lo anterior es que son altamente preocupantes los últimos acontecimientos en torno a la mina Cerro Colorado. Procesos de la justicia ambiental han avanzado hasta el punto de amenazar la continuidad de esta mina y provocar su cierre antes de lo que está planificado en 2023. Si se materializan los fallos vigentes, Cerro Colorado no podrá continuar utilizando agua desde el 1 de octubre, es decir en pocos días más, por lo que su cierre sería inevitable en unas pocas semanas.
Este escenario sería muy serio y debe evitarse, pues de otro modo la compañía minera no tendría el tiempo para activar el plan de cierre responsable y los riesgos ambientales serían relevantes. El país y la Región de Tarapacá, en particular, sufrirían un impacto económico sin tiempo para prepararse. Y la minería podría recibir un duro golpe, pues su imagen se vería afectada al materializarse un cierre sin los debidos estándares por la premura con que debería realizarse.
Una buena implementación de un plan de cierre requiere tiempo para pasar de la etapa conceptual establecida en los permisos, a la etapa de ingeniería y ejecución.
El respeto a la justicia no está puesto en duda de ningún modo, pero esta delicada situación requiere una mirada-país que sea capaz de encontrar un camino que mitigue los impactos ambientales y socioeconómicos y encauce las cosas de manera racional.
De esta forma podría, además, favorecerse los aspectos básicos del cierre, es decir aquellos relativos a la estabilidad física, química y seguridad de personas y también abarcar de mejor manera otros elementos críticos como la transición social de comunidades dependientes de la mina, el impacto en los trabajadores y la evaluación ecológica de usos futuros del suelo, entre otros.
* Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo Plusmining.