Tribunal Constitucional paraliza juicio de presunta colusión entre Brink’s, Loomis y Prosegur
En su resolución, el TC ordenó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) suspender el procedimiento y solicitó copia autorizada de las principales piezas del caso. Esto, luego que el pasado 10 de enero, a casi tres meses de presentado el requerimiento de la FNE, Brink’s acudiera al Tribunal Constitucional exigiendo acceder al expediente investigativo a fin de tener “igualdad de armas”.
—El Tribunal Constitucional (TC) resolvió acoger a tramitación el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Brink’s en el marco del proceso que lleva en su contra la Fiscalía Nacional Económica por una presunta colusión junto a las empresas Loomis y Prosegur entre los años 2017 y 2018.
En su resolución, el TC ordenó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) suspender el procedimiento y solicitó copia autorizada de las principales piezas del caso. Esto, luego que el pasado 10 de enero, a casi tres meses de presentado el requerimiento de la FNE, Brink’s acudiera al Tribunal Constitucional exigiendo acceder al expediente investigativo a fin de tener “igualdad de armas”.
Se trata de un nuevo revés para la FNE que viene a entrampar más aún el caso, luego que a casi tres meses de iniciado, aún no puede notificar a los ejecutivos que habrían participado en el presunto cartel. En su requerimiento el órgano antimonopolios exigió aplicar multas por US$63 millones.
El abogado y representante de Brink’s en el juicio, José Joaquín Ugarte, valoró la decisión del tribunal y sostuvo que “todas las personas tienen derecho a ser juzgadas en un procedimiento justo y racional, incluyendo el derecho de todos los acusados a conocer el expediente de investigación y los antecedentes fundantes de un requerimiento antes de tener que contestar la acusación. Mientras no tengamos acceso a esos antecedentes, no existirá debido proceso y existirá una cancha dispareja que beneficia indebidamente a la FNE, en contra de nuestras garantías constitucionales y de las buenas prácticas promovidas internacionalmente por la OCDE y otros organismos”.
Asimismo, sostuvo que “se debe asegurar que todos los intervinientes tengan posibilidad de participar a lo largo de todo el proceso –de principio a fin, en todos sus estadios– en condiciones de igualdad; en términos que todos ellos tengan igualdad de armas en la lucha jurídica; es decir, cuenten con la misma posibilidad real, oportuna, plena y eficaz de presentar sus planteamientos y controvertir las pretensiones de su contradictor; de manera que, contando con paridad de oportunidades, todos ellos puedan influir con iguales posibilidades procesales en la obtención de una decisión favorable a sus respectivas posiciones”.
La resolución de la primera sala del tribunal contó con los votos de manera unánime de sus miembros: Juan José Romero, Iván Aróstica, José Ignacio Vásquez, Miguel Ángel Fernández y Rodrigo Pica. El Tribunal Constitucional entregó un plazo de 10 días para que respondan las partes involucradas en el caso. Ⓟ