Cuestionamientos a condonación del CAE
Pese a que el Mandatario ha reiterado su compromiso para saldar la deuda estudiantil, su enorme costo fiscal y las urgencias derivadas de la pandemia en el propio sector educacional hacen muy dudoso que sea una prioridad para el país.
En su reciente cuenta pública, el Presidente de la República anunció la condonación de la deuda educativa, que incluye la más común de los estudiantes: el Crédito con Aval del Estado (CAE). En su anuncio, el Mandatario estableció que la condonación se implementará a partir del 2023 de manera “gradual y justa”. Esta medida corresponde a una de las principales promesas de campaña que formuló el Jefe de Estado, la que sigue despertando un sinnúmero de interrogantes tanto en la forma de implementación, como por su pertinencia, considerando su elevado costo fiscal.
La gradualidad es relevante, puesto que las estimaciones sugieren que la condonación implicaría una alta carga fiscal. Según cálculos de Acción Educar (2022), condonar el CAE tendría un costo de US$ 10.200 millones, equivalente al 13% del presupuesto total del país. Cabe destacar que esta cifra es cercana al doble de las estimaciones realizadas durante la campaña presidencial. Del anuncio quedó pendiente establecer cuál es el universo de beneficiarios de esta medida. Por ejemplo, eventualmente podría estar incluida la condonación de otras deudas, como los créditos otorgados por los bancos a aquellos estudiantes que no pueden acceder al CAE debido a la buena situación económica de su hogar. También deja como interrogante el significado de la gradualidad y el por qué no focalizar, considerando que con la información disponible es posible identificar a aquellas personas que realmente necesitan apoyo en el pago de la deuda.
Asimismo, surge la interrogante respecto de qué se entiende por justicia en el anuncio. ¿Es justo para aquellos beneficiarios del CAE que ya lo pagaron en su totalidad? ¿O para aquellos que se encuentran al día con el pago de la deuda en relación con las personas en estado de morosidad?
Por otra parte, es necesario abordar si el plan es justo socialmente. Según un informe del Ministerio de Educación realizado en la administración anterior -bajo un convenio con la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC)-, único estudio que analiza el ingreso de los beneficiarios del CAE, más de la mitad de los deudores con registro en la AFC y con ingresos formales recibe un sueldo mayor a $900 mil. Si estos datos son correctos, la política de condonación del CAE sería regresiva, es decir, estaríamos destinando recursos públicos a personas que hoy tienen altos ingresos.
En el marco de los recursos destinados a la educación, también surge la interrogante de si esta política pública es adecuada en el actual contexto. Las consecuencias educacionales de la pandemia y el encierro son evidentes entre los estudiantes de educación parvularia, primaria y secundaria, sobre todo entre los más vulnerables. Según la última encuesta CEP, el 83% de los chilenos cree que la suspensión de clases tuvo impactos negativos o muy negativos en el aprendizaje de los estudiantes. De allí que cabe preguntarse si es socialmente justo destinar esa enorme cantidad de recursos en las personas que ya accedieron a la educación superior. Sin perjuicio de que aún falta información para responder a esta interrogante, pues el anuncio solo entregó lineamientos muy generales, todo parece indicar que no es la política más urgente de implementar en materia educacional.