Tasas de intercambio para un mercado más innovador, inclusivo y competitivo
LHERMANN GONZÁLEZ
a mayoría de los chilenos ocupamos tarjetas de crédito o débito como medio de pago cotidiano, pero probablemente no todos tenemos claridad acerca del complejo proceso que permite que realicemos estos pagos, ni de los costos y pagos involucrados. Al respecto, cabe señalar que desde abril de 2020 en nuestro país funciona masivamente un modelo de cuatro partes, en el cual se separa el rol del emisor de la tarjeta (banco, casa comercial, fintech) del rol del adquirente, que es el encargado de procesar los pagos y permitir que el comercio los acepte. Las otras dos partes del modelo son el usuario de la tarjeta y el comercio.
En este modelo existe un pago que debe realizar la “marca” (ejemplo Visa o Mastercard) al emisor de la tarjeta, que se denomina tasa de intercambio. De acuerdo con la legislación vigente, los límites de estas tasas deben ser fijados por un Comité técnico de alto nivel conformado por profesionales del Ministerio de Hacienda, el Banco Central, la CMF y la FNE. Este Comité publicó su primera resolución recién en febrero de este año y distintos actores vinculados a la industria de los medios de pago en sus diversas etapas han reaccionado y formulado observaciones al procedimiento y a los valores fijados.
Todos estos cambios son recientes en nuestro país, nos encontramos en una etapa de transición y ajustes del nuevo modelo, en un mercado que está experimentando cambios importantes. Con todo, una primera aproximación podría llevar a pensar que lo mejor sería que estas tasas de intercambio sean las menores posibles, con el propósito de reducir los costos para los comercios y, eventualmente, beneficiando a los consumidores. Sin embargo, esta visión omite aspectos esenciales del mercado de medios de pagos que deben tenerse en consideración al momento de determinar las tasas de intercambio.
En primer lugar, se debe tener en cuenta que estamos en medio del proceso de aplicación del modelo de cuatro partes. Idealmente, la regulación de un mercado debería producirse para corregir eventuales fallas de mercado, no antes de saber cómo funcionará una vez que alcance su madurez y se determinen libremente los pagos entre las partes involucradas.
En segundo lugar, es importante que la determinación de estas tasas considere las diferencias de riesgo que existen, por ejemplo, entre transacciones presenciales y electrónicas, tipo de producto (crédito, débito, prepago), y adicionalmente establecer una tarifa especial para el proceso de recaudación para permitir el pago presencial del estado de cuenta con cualquier medio de pago, aspiración que han levantado varias asociaciones de consumidores.
La fijación de una tasa de intercambio baja, podría inhibir la competencia excluyendo a los competidores con mayores costos o inhibiendo la entrada de nuevos actores en el mercado de la emisión de medios de pago y actuar en la dirección opuesta de uno de los objetivos que se busca con esta fijación.
Tercero, eventuales cambios en las tasas de intercambio debiesen considerar las múltiples regulaciones paralelas que hoy enfrenta la industria de medios de pagos y la dinámica de este mercado. Es necesario establecer, entonces, un ajuste gradual que permita a las empresas adaptarse y al regulador evaluar los impactos de la fijación en el volumen de transacciones. Y es muy importante asociar los futuros ajustes de la tasa de intercambio al desarrollo de las transacciones con medios de pago electrónicos, para incentivar una mayor competencia.
En síntesis, la invitación es a reactivar un debate técnico que permita avanzar hacia la mejor forma de determinar las tasas de intercambio, tomando en cuenta la evidencia internacional, el desarrollo del mercado de medios de pago de nuestro país, los emisores de menor escala y los distintos tipos de transacciones, entre otras. El objetivo que se debiese perseguir es lograr de forma simultánea las mejores condiciones posibles para los usuarios de estos medios de pago, pero sin limitar el avance de la innovación, la inclusión financiera y la competencia.
* El autor es economista y coordinador Macroeconómico de Clapes UC