TVN y su gobernanza
La salida del periodista Matías del Río de la conducción del programa Estado Nacional -debido a una presumible interferencia política- sin conocimiento del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN) y su posterior reincorporación, dan cuenta de un episodio bochornoso que reaviva los cuestionamientos a la gobernanza del canal público.
Fundada en 1969, Televisión Nacional de Chile se estableció como una empresa de servicio de televisión pública y de propiedad estatal, la cual no dependía del presupuesto fiscal. Su modelo comercial le permitió financiarse con sus propios ingresos y obtener buenos resultados, en términos de utilidades, de manera continua hasta 2013. A partir de 2014 comenzaron los problemas de financiamiento que, sumado al desarrollo de nuevas plataformas digitales, impusieron un desafío adicional a esta empresa estatal.
En relación con lo anterior, las directrices de la Ocde para el gobierno corporativo de las empresas públicas establecen que las actividades económicas de las empresas estatales deben estar obligadas a obtener tasas de rendimiento que, al tomar en cuenta sus condiciones operativas, sean consistentes con las obtenidas por empresas privadas competidoras. La evidencia muestra que las empresas más exitosas se caracterizan por tener un componente fuerte de liderazgo y un gobierno corporativo que establece, de forma clara, directa y transparente las reglas del juego, que asigne correctamente los poderes y responsabilidades del directorio y la administración de la empresa.
Del análisis retrospectivo de las crisis por las que ha transitado TVN (Andrade y Moore, 2020), puede concluirse que, en parte, estas derivan de una gobernanza que cuenta entre sus debilidades, con la falta de supervisión calificada del directorio (por parte del SEP y la CMF) y de una adecuada administración de riesgos, que no solo evite pérdidas, sino que establezca mecanismos de planificación y rendición de cuentas de las actuaciones de sus gestores.
En el caso de TVN las prácticas de gobierno corporativo deben estar dirigidas a definir correctamente la forma en que se asignan los poderes y responsabilidades de su directorio, garantizando su estabilidad y definiendo estratégicamente las metas y resultados que se espera de la empresa a nivel económico y social. El directorio debe asegurar impacto comunicacional, pero por sobre todo, aportar y velar por la transparencia, independencia y calidad de la información, que permitan aumentar la competitividad del canal.
Este último punto tiene una relevancia adicional, pues la propuesta de nueva Constitución entrega al Estado un rol preponderante, fortaleciéndolo a tal punto, que este ya no tendrá la obligación de competir con los privados en igualdad de condiciones. Esto impone un reto desafiante para Chile, pues no puede permitirse abandonar los avances que ha logrado hasta aquí respecto de las buenas prácticas en la gobernanza de las empresas públicas y mucho menos, desatender la amarga experiencia de países vecinos en este sentido.