Fracasa conciliación entre empresas y pescadores por daño ambiental en bahía de Quintero-Puchuncaví

Hace una semana, la agrupación sindical de pescadores de la bahía de Quintero-Puchuncaví comunicó su rechazo a la conciliación para poner fin a un histórico juicio ambiental. La negativa echa por tierra cinco años de intentos del Tribunal Ambiental de Santiago por acercar posiciones, donde las demandadas, entre ellas Codelco, Enap, Enel Chile y AES Gener, ya habían manifestado su intención de cerrar un acuerdo. La conciliación implicaba obras por más de $13.000 millones.

ta de las bases) y, por otra, una Zona de Extensión de Efectos de la conciliación a la Subcuenca Costera entre el estero Catapilco y el río Aconcagua.

El acuerdo de conciliación establecía que ninguna de las empresas demandadas reconocía responsabilidad en los hechos que fundaron la demanda. Al mismo tiempo, comprometía acciones en conjunto ya también de manera individual por parte de las compañías que se mostraron de acuerdo con los términos planteados.

Costos y rebajas

Según el apartado que detalla los costos del fallido avenimiento, éste tenía costo total de 403.082 UF (unos $ 13.694 millones). En su última presentación, AES Andes -ex AES Generaclaró que estaba dispuesta a alcanzar un acuerdo y se comprometió a pagar un monto no superior al 20% total.

Por otro lado, AES Andes se comprometía a revisar la posibilidad de adelantar el cese de operaciones de la Unidad 2 de generación eléctrica, en un plazo no mayor a 6 meses contados desde que entre en operación la subestación eléctrica Agua Santa.

GNL Quintero solicitó que el bajo riesgo que implica su operación quedara plasmado en el acuerdo conciliatorio. Ello, debido al manejo de gas metano, y por lo mismo, sostuvo que el tribunal “debiera ajustar los porcentajes en su contribución en las medidas compartidas con las restantes empresas demandadas, dada la baja incidencia ambiental que tienen las operaciones de nuestras instalaciones sobre el entorno, el que correspondió a uno de los criterios considerados para fijar dicho guarismo”.

En su presentación, Enap destacó que debiera existir un mecanismo de resolución de controversias y una mayor flexibilidad en la ejecución de las medidas comprometidas de manera individual por parte de las empresas. Ello, debido que cada una de las acciones requiere autorizaciones que dependen de entidades públicas. Asimismo, pidió la ejecución de un mecanismo que establezca los montos máximos a desembolsar en las medidas.

Por último, Codelco sostuvo que “en relación con la contribución al financiamiento y ejecución de las medidas propuestas para el conjunto de las empresas demandadas, estimamos necesario revisar el porcentaje propuesto para mi representada, considerando que además de ser el de mayor entidad en el prorrateo, este deberá sumarse al costo de una medida de gran envergadura que sería de cargo exclusivo de Codelco, lo que genera una desproporción en la distribución de los costos de una eventual conciliación”. Ⓟ