Reforma de pensiones: regresemos a lo esencial
La heredabilidad de los fondos, el derecho de las personas a elegir quién administra sus ahorros previsionales, el carácter de las cuentas de ahorro (ya sean de capitalización efectiva o de registro, esta última en una forma de incorporar una cuenta “nacional”), son algunos de los temas que están tomando el foco de la discusión de la reforma previsional. Pero todos estos deberían palidecer ante el objetivo primordial de la reforma: entregar mejores pensiones.
Hasta hace un par de años, existía un consenso generalizado que el esquema vigente no era suficiente. Pero hoy estamos ante una propuesta que apunta a incrementar la cotización desde 10% a 16% (o 16,5%) y aumentar el monto de la hace un año inexistente PGU (la que reemplazó al pilar solidario). Esos elementos son, al menos matemáticamente, suficientes para generar un incremento significativo de las pensiones tanto presentes como futuras.
Sin embargo, las dudas emergen no en el “cuánto”, sino en el “cómo”. Y en este “cómo”, uno de los elementos que más controversia ha generado es la creación del Seguro Social Previsional a partir del Fondo Integrado de Pensiones con Registros Individuales. Este ente que buscaría emular una autonomía similar a la del Banco Central, representa una nueva institucionalidad, la cual, si bien puede ofrecer beneficios a los afiliados, no podemos dejar pasar los riesgos para tratar de minimizarlos.
Hay que tomar en cuenta que este ente autónomo tiene tintes de funcionar bajo una figura de “aseguradora” más que de “administradora de fondos”, en donde parte de los riesgos financieros serían compartidos por este ente (mientras que en los sistemas de capitalización individual el riesgo financiero es totalmente de los afiliados en su etapa de acumulación). Y es por ello que la institucionalidad es fundamental.
¿Cómo es que esta institución autónoma va a determinar la rentabilidad de los aportes? ¿Cómo va a calcular la renta vitalicia a entregar una vez llegue el momento de jubilación? ¿Cómo asegurar la sostenibilidad financiera de éste en el largo plazo? Y, desde un punto de vista político ¿Habrá suficientes garantías para evitar que este ente “autónomo” sea utilizado para fines políticos, tanto por su poder económico o político al interior de las compañías? Poder económico, tanto por la tentación de entregar de beneficios con criterios diferentes a los técnicos, como por la de financiar proyectos emblemáticos del gobierno en turno. Poder político, porque la inversión en empresas los llevaría a tener una posición relevante en los directorios, y la idea de hacer política industrial desde allí sería tentadora para más de uno. Todo ello, en desmedro de las pensiones (presentes y futuras) y/o la sostenibilidad financiera del ente.
No hay almuerzo gratis y, en finanzas, los costos se manifiestan en forma de riesgos. Si bien tenemos que avanzar en seguridad social, la forma (es decir, la institucionalidad) es fundamental para asegurar que el sistema sea suficiente, sostenible en el largo plazo y justo. El proyecto de ley acaba de ser publicado, tomémonos el tiempo para analizarlo con la profundidad que amerita un proyecto de esta envergadura.
Economista jefe LarrainVial Research