¿Para qué sirve medir el capital natural?
Hace pocas semanas el Presidente Gabriel Boric promulgó el decreto que crea el Comité de Capital Natural, con el propósito, entre otros, de medir y valorar el capital natural del país. El capital natural, en el lenguaje económico, es el acervo de activos de la naturaleza que aportan bienes y servicios que dan soporte a la humanidad y a la vida en general. Tradicionalmente se consideraba capital natural solo aquellos recursos como los minerales, el suelo agrícola, los peces y otros que aportaban a las actividades productivas. El enfoque actual asume que la vida humana depende de la integridad de los ecosistemas y de los diversos servicios que prestan. Entre ellos se cuentan los insumos mencionados, pero también se incluyen, entre otros, la regulación de los ciclos de aguas, la absorción y descomposición de desechos, la fijación de carbono, la regulación del clima y la mantención de la necesaria biodiversidad para sostener los equilibrios que dan soporte a la vida en general.
La magnitud de la crisis ambiental incubada desde la Revolución Industrial, y que se ha manifestado con fuerza en los últimos 50 años en el cambio del clima, la contaminación, la pérdida de biomasa vegetal y animal distinta a la usada directamente para el consumo humano, muestra que estamos sobrepasando la capacidad de la naturaleza para regenerarse y sostener la vida tal como la hemos conocido en los últimos 300 mil años. Lo que antes parecía inagotable hoy es cada vez más escaso. Cuando algo que era libre se convierte en escaso, cae de lleno en el ámbito de la economía.
¿Por qué hacer este esfuerzo en Chile cuando el problema es global? La principal razón es que esto es fundamental para tomar buenas decisiones para el bien del país. Esta es una crisis global, pero a diferencia de la crisis climática, lo que se haga aquí sí importa para la calidad de vida en Chile.
Van dos ejemplos. El primero es que la evaluación tradicional de un proyecto minero como Dominga se facilitaría: hoy vemos los ingresos monetarios que genera, lo que se complementa con la evaluación de su impacto ambiental, que nos dice qué activos de la naturaleza se podrían ver afectados. Pero como sabemos, comparar toneladas de cobre con pingüinos no es fácil. Si pudiésemos contar con una valoración de los servicios ecosistémicos afectados, así como el costo de posibles mitigaciones, podríamos poner todo en magnitudes comparables y tomar decisiones mejor informadas.
El segundo ejemplo es que hace 25 años, a raíz de la pérdida de competitividad de la agricultura tradicional en Chile, se tomaron medidas para facilitar su reconversión, incluido un programa para subsidiar la fertilización de praderas. El impacto ambiental de este programa no apareció en la discusión, pero en estas semanas hemos visto noticias sobre proliferación de algas en el lago Villarrica. Por supuesto, ese programa no es “la” causa de lo que ha ocurrido recientemente, pero no cabe duda de que el abuso de fertilizantes contribuye mucho a la eutrofización de cuerpos de agua en Chile y en el mundo. Conocer y valorar estos efectos sobre el capital natural podría haber llevado a descartar o diseñar de otra manera ese programa. Nótese que hasta el día de hoy no tenemos una institucionalidad que evalúe el impacto ambiental de las políticas públicas.
Por supuesto, esto no es fácil. Falta conocimiento científico y métodos apropiados para valorar los servicios ecosistémicos. La buena noticia es que en lo primero se ha avanzado mucho, aunque falta integrar y poner ese conocimiento a disposición de quienes miden el valor económico y toman decisiones de políticas públicas. En lo que respecta a la valoración, en los últimos 30 años se han desarrollado metodologías que se están aplicando con mucha creatividad en diversas partes del mundo. En la medida que la creación del Comité de Capital Natural en Chile nos ayude a mejorar e integrar el conocimiento de nuestros ecosistemas y sus servicios, y además aventurar una valoración de ellos, que necesariamente será antropocéntrica, se va a facilitar la incorporación de los impactos sobre la naturaleza en el diseño y aplicación de políticas públicas, y en la evaluación de inversiones públicas y privadas.