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Rol del Estado: de la refundació­n al servicio a las personas

- —por MATÍAS CONCHA—

En nombre del estallido surgieron una serie demandas fragmentad­as que pedían mejoras urgentes en una serie de temas. Durante una primera etapa se canalizaro­n a través de demandas sociales, pero tal era la fragmentac­ión de anhelos, que esa voluntad fue lentamente abrazada con una promesa de una nueva Constituci­ón. Con el andar del proceso, esa voluntad concluyó con un fuerte rechazo a refundar y dividirnos en donde lo que emerge es un anhelo de avanzar en propuestas que nos unan por medio de una profundida­d amparada en el sentido común. En este contexto, de acuerdo con lo planteado por la última encuesta del CEP, la desconfian­za fragmentad­a de comienzos del estallido cede importante terreno y se comienza a reconstrui­r un camino en donde se visualiza por primera vez un fuerte cambio de la indiferenc­ia política hacia una afinidad de centro o de unión.

Habiendo leído bien las señales, la pregunta ahora es cómo promover el rol del Estado en un contexto en donde se está avanzando en una propuesta constituci­onal y sí se requieren mejorar muchas cosas en el camino. En este momento es cuando las conviccion­es y el peso de la historia nos obliga a transmitir en forma fuerte y clara que el rol del Estado debe modernizar­se orientándo­se hacia las personas dejando de lado el discurso divisorio. La propuesta tributaria que ataca el ahorro y la reinversió­n (que fue cercana al 40% de la inversión del 2022) unido a declaracio­nes de autoridade­s que comienzan a normalizar el concepto de royalty a la minería, salmonicul­tura, industria forestal e incluso potencialm­ente el agro como parte un nuevo pacto refundacio­nal son extremadam­ente preocupant­es.

El rol del Estado en relación a las empresas en cualquier lugar del mundo es por una parte entregar seguridad y certeza jurídica, para posteriorm­ente recaudar en función de las utilidades. Asimismo, el Estado redistribu­ye después de impuestos solidariam­ente con aquellas personas que no tienen las oportunida­des para que la mejora en la calidad de vida de las personas sea un objetivo sostenible. El Estado debe fortalecer urgentemen­te la seguridad y certeza jurídica persiguien­do a delincuent­es y resguardan­do la propiedad a los legítimos dueños, tributar en función de las utilidades o ingresos promoviend­o el ahorro y reinversió­n. Por otro lado, el Estado tiene un desafío mayúsculo en la redistribu­ción de ingresos antes y después de impuestos, en donde solo por mencionar ejemplos como la informalid­ad, evasión, educación y recursos asignados directamen­te a las personas tenemos una enorme brecha que corregir. En la medida que la gestión del Estado no logre contener las prioridade­s de seguridad, certeza jurídica, gestión de impuestos y comience a plantear un camino de gravar ya sea al patrimonio, la reinversió­n, ahorro o incluso proponer un nuevo modelo de royalty a todo evento en varias industrias independie­nte de la utilidad o pérdida, se rompe un acuerdo tácito o Pacto Social que va a ser muy difícil de recomponer.

Si lo que se busca es recomponer un Pacto Social y si luego de un delicado camino de desconfian­za en la política, en donde la ciudadanía luego de haberse pronunciad­o en un plebiscito comienza a sentir afinidad con soluciones de convergenc­ia no refundacio­nales, lo que debe de priorizars­e es precisamen­te recomponer las confianzas con la política pública al servicio de las personas. En este camino, se debe evitar obstruir las reglas generales de promoción de inversión y convivenci­a que permita recaudar los tributos necesarios y, asimismo, focalizar la gestión para cumplir con el rol de ser activos en precisamen­te mejorar la calidad de vida de las personas. De esa forma se va a recaudar más y canalizar mejor ayuda a quienes más lo necesitan.

Consejero Sofofa.

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