Señales confusas
Hace solo unos pocos meses en el Encuentro Anual de la Sofofa, el Presidente de la República manifestaba que la mayoría de los empresarios en Chile son honestos y trabajadores y que quieren lo mejor para su país. En un discurso, que fue celebrado por el cambio de tono hacia el sector privado, el Mandatario reconoció lo difícil que es para muchos hombres y mujeres de empresa arriesgar su capital y salir adelante ante la adversidad.
Esta disposición fue valorada porque se produce en medio de un ajuste de la inversión -que este año podría retroceder 5%, según el Banco Central, una cuantiosa salida de capitales y altos niveles de incertidumbre.
Por su parte, las condiciones externas parecieron ir mejorando en el margen con el transcurso de los meses y fueron entregando mejores perspectivas para la actividad local. La resiliencia de la economía chilena ha sorprendido favorablemente, beneficiándose de este relativo mejor clima externo e incertidumbre más acotada a nivel político, producto del cauce que ha tomado el proceso constituyente.
Sin embargo, la pulsión ideológica de muchos de la actual administración aflora en momentos de tensión y termina por borrar cualquier atisbo de señal positiva. Por ejemplo, en diciembre pasado, el gobierno insinuó que los incendios en Valparaíso estaban relacionados con la actividad inmobiliaria y los de la zona sur recientes, con la industria forestal. En ambos casos el gobierno anunció cambios regulatorios, cuando el fuego todavía no terminaba de apagarse.
En el último episodio, una autoridad llegó incluso a proponer el sinsentido de un “royalty forestal”, a una actividad de recursos renovables y que -contrario a las consignas que se escuchan por estos días- tiene efectos medioambientales más que positivos y que son las reales víctimas de los incendios y en ningún caso sus victimarios.
Hace unos días el gobierno sumó otra señal preocupante. La ministra del Trabajo, anunció que para fines de este año presentarían un proyecto de negociación ramal, que podría incorporar en una primera etapa a sectores como la minería. Es decir, cuando el mercado laboral no ha alcanzado a digerir los impactos de mayores costos laborales que traen aparejados la reforma previsional y la reducción de la jornada semanal a 40 horas, el Ejecutivo anuncia otro mazazo al empleo, sobre todo para con efecto para las pequeñas y medianas empresas.
Mientras la actual administración no entienda que el sector privado requiere señales positivas y persistentes en el tiempo para invertir -entre otros múltiples factores-, seguirá lamentándose por los bajos niveles de actividad económica. Es bueno recordar que la generación de empleos, la recaudación fiscal y el acceso a bienes y servicios de calidad a precios competitivos dependen del ambiente y el marco regulatorio favorables para incentivar la inversión.
En vez de aprovechar el mejor clima externo, el gobierno se empeña en extinguir la incipiente confianza empresarial, una que después de tantos vaivenes costará recuperar.
Empresario.