Fue a la brava

Cuando se termina de leer el informe de la Contraloría sobre lo sucedido en Hidroituango, se comprueba que no exageramos las veces en que cuestionamos la manera como construyó EPM, pero de la misma manera, se descubre que las circunstancias que produjeron la emergencia fueron fruto no solo de la Ley del Avispado, de que habla el rector de Eafit, sino del equivocado deseo de hacer todo a la brava, saltándose las normas cuando fue necesario. Así sucedió con el acumulado de sobrantes vegetales que parecen haber precipitado la emergencia pues no fueron recogidos, como era de sentido común y obligación contractual.

Y ni qué decir cuando la Contraloría demuestra que el tercer túnel fue empezado a construir en octubre de 2015 y solo en junio de 2016 solicitaron a la Anla la licencia para construirlo. O cuando anota la falla de no haber hecho las compuertas para los dos túneles de desviación y la de taponar los túneles sin que estuviesen terminados la presa y el vertedero. Por esas y muchas razones descritas, la Contraloría llega a la conclusión de que “el cúmulo de fallas en los estudios, diseños y obras del sistema de túneles de desviación así como en las desacertadas decisiones de los involucrados, posibilitaron la ocurrencia del desastre de hace tres meses, del que continúan sus efectos”. Lamentablemente el estudio no puede llegar a la madre de lo sucedido cuando los dueños de Hidroituango montan, el 27 de octubre del 2010, una empresa de papel (en Medellín, no en Panamá): ‘EPM Ituango SA ESP’, que hace contratos y actividades inherentes a la obra pero a dedo escapándose de la Ley 80 que rige las contrataciones, y actuando como empresa privada.