Condena al Estado por los hechos de Bojayá
El Estado debe responder por el desplazamiento tras masacre en Bojayá.
● Diecisiete años después de que, en medio de un enfrentamiento entre grupos paramilitares y las Farc, esa guerrilla lanzó un cilindro bomba contra una Iglesia en la que se refugiaba la comunidad de Bojayá, y ocasionó la muerte de 79 personas y miles de desplazamientos, el Tribunal Administrativo de Chocó profirió una sentencia condenando al Estado por estos dolorosos hechos.
Aunque los responsables de la masacre que generó el éxodo masivo de familias fueron miembros de la entonces guerrilla Farc, el Tribunal encontró que el Estado tiene responsabilidad por omitir su función de proteger a los ciudadanos de los hechos ocurridos el 2 de mayo del 2002.
“Para la Sala se encuentra acreditada la responsabilidad patrimonial, administrativa y extracontractual del Estado (...) de los hechos acaecidos el 2 de mayo del 2002 en el medio Atrato, que trajeron consigo el desplazamiento de la población y la muerte de varias personas, generado por la omisión de las entidades demandadas en dispensarle seguridad y protección a los habitantes, y en tanto no reaccionaron positiva y activamente frente a los avisos de posibles desplazamientos, saqueos y muertes”, dice la sentencia.
Por estos hechos el Tribunal condenó al Estado a reparar a 1.195 desplazados, a quienes deberá pagarles una indemnización de 312.564 millones de pesos.
El fallo, cuya ponente fue la magistrada Norma Moreno Mosquera, resolvió una demanda que presentaron en agosto del 2002, el mismo año de la matanza, un grupo de habitantes de Bojayá, liderados por Yenmin Cuesta Valencia, Rodolfo Lemus Rivas, Zair González Palacios y Maria Nuris Palacios Largacha.
En sus demandas pidieron condenar a al Ministerio de Defensa, Ejército y Policía por los daños materiales y morales que sufrieron las familias afectadas por los enfrentamientos, que causaron su desplazamiento forzado.
La sentencia condena al Estado a pagar $312.000 millones por concepto de reparación a las víctimas que se vieron obligadas a abandonar sus casas por los enfrentamientos entre las Farc y los paramilitares. El Tribunal de Chocó consideró que el Estado tiene una doble responsabilidad en los casos de desplazamiento.