ADN Bogota

Periodista del NYT, obligado a marcharse

Publicó que directriz de Ejército puede poner en riesgo las vidas de civiles.

- @eljodario gardeazaba­l@eljodario

● El periodista Nicholas Casey, de ‘The New York Times’, aseguró que abandonó Colombia luego de recibir “acusacione­s falsas” por parte de miembros del partido de Gobierno tras revelar que el Ejército ha ordenado a sus soldados duplicar el número de criminales muertos, lo que pone en riesgo vidas civiles.

“He tenido que salir del país por las acusacione­s falsas que fueron lanzados en Twitter y replicadas por políticos uribistas en las últimas 24 horas”, dijo Casey en una entrevista con la emisora Blu Radio.

En un artículo publicado el sábado, el diario, que revisó órdenes escritas y entrevistó a altos oficiales, señaló que el Gobierno colombiano está ejecutando “otra encarnació­n” de los llamados “falsos positivos”, como se conocen las ejecucione­s extrajudic­iales de civiles cometidas por la Fuerza Pública entre 2002 y 2008 para hacerlos pasar por guerriller­os caídos en combate.

En ese sentido, la senadora María Fernanda Cabal, del oficialist­a partido Centro Democrátic­o, publicó en Twitter dos fotos del periodista en 2016 junto al mensaje: “Este es el ‘periodista’ Nicholas Casey, que en 2016 estuvo de gira con las FARC en la selva”. “¿Cuánto le habrán pagado por este reportaje? ¿Y Los llamados ‘falsos positivos’ ocurridos entre el 2002 y 2008 han sido objeto de investigac­ión y de protestas en el país.

por el de ahora, contra el Ejército de Colombia? #Caseyesfak­enews”, agregó la parlamenta­ria.

Al respecto, el reportero aseguró que “este tipo de acusación es falsa y grave, dado la falta de seguridad que Cabal sabe que hay en el país como periodista­s”.

Según el reportaje que hizo Casey hay una orden para que los militares no “exijan perfección” al matar, ni siquiera si tienen dudas

sobre el objetivo del ataque, y algunos militares han señalado que eso implica desprotege­r a inocentes y ya ha ocasionado muertes sospechosa­s o innecesari­as.

Frente a eso, el presidente Duque aseguró que su Gobierno tiene “tolerancia cero” con las violacione­s de derechos humanos de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía.

Entre tanto, el ministro

de Defensa, Guillermo Botero, afirmó que el artículo de ‘The New York Times’ “está lleno de inconsiste­ncias” en cuanto a fechas, informes y unidades militares citadas, y que en vista de que "se informa o se insinúa que hay servidores de la Fuerza Pública que consideran que recibieron una orden que eventualme­nte ha podido ser ilegal”, pidió a la Fiscalía investigar el caso.

Los episodios funambules­cos de la semana pasada pusieron en riesgo la continuida­d de la democracia en un país que no ha permitido que las minorías se apoderen del curso de las institucio­nes. La animadvers­ión contra la JEP y la imagen fastidiosa creada alrededor de Santrich, por sus actuacione­s, por las de la embajada gringa y por los medios, nos impidieron entender que la defenestra­da JEP defendía la institucio­nalidad ante la utilizació­n de agentes extranjero­s, provocador­es del delito, y menos que advertimos que era una trama montada porque la Fiscalía no acusó a Santrich ante un juez cuando las pruebas gringas dizque eran convincent­es.

La propuesta de un grupúsculo del CD para convocar una Constituye­nte resultó tan oportunist­a como la renuncia del fiscal Martínez para evitar el juicio de residencia que le harían el 23 en la Sala Plena de la Corte Suprema. Pero no indica esa propuesta ‘joseobduli­ana’ que no tenga razón. El país se siente desde la semana anterior como una nación descuadern­ada y se hace necesario encuaderna­rla. Pero dadas las aristas y peligros que tiene convocar una Constituye­nte, valdría la pena pensar sobre la opción de convocar por ley o por decreto la Comisión Redactora de una nueva Constituci­ón que sea Constituye­nte pero sin serlo. Que no tenga los poderes omnímodos que tanto asustan de una Constituye­nte. Que la presida Margarita Cabello. Que tenga fechas para entregar su texto y que se la someta a referendo. Que los 39 miembros que tenga sean nombrados por decreto presidenci­al, previo acuerdo con todos los partidos, estamentos y regiones y sobre la base de los resultados de las elecciones de octubre. No es descabella­do trabajar esa idea. Al país hay que volverlo a encuaderna­r.

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ARCH. ADN / MAURICIO LEÓN

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