Contraloría da fallo en caso Hidroituango
HALLADAS CULPABLES 26 PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES.
Personas naturales y sociedades están incluidas en la determinación del ente.
La Contraloría General de la República emitió ayer un fallo de responsabilidad fiscal en contra de 26 actores, entre personas naturales y sociedades, por más de cuatro billones de pesos, por las irregularidades encontradas en la hidroeléctrica de Ituango, Hidroituango.
Solo dos personas fueron declaradas sin responsabilidad fiscal: El exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria y Jorge Mario Pérez Gallón, quien fue miembro suplente en la junta directiva de Hidroituango.
Entre los que fueron declarados responsables fiscales están, entre otros, los también exgobernadores de Antioquia Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo Valderrama; así como el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar.
En total, 17 personas naturales y 9 sociedades fueron encontradas como responsables.
La Contraloría investigó a estas personas por una serie de hechos “sucesivos y concatenados que contribuyeron a poner en una situación de vulnerabilidad el proyecto y que finalmente desencadenaron en la contingencia de 2018”.
Ese año se derrumbó el tercer túnel de desvío del río Cauca, lo que causó alertas en la estabilidad de la presa, riesgos sociales y medioambientales.
Para el órgano de control, “estos hechos contribuyeron a aumentar de manera injustificada las inversiones, lo que llevó a que se destruyera el valor neto del proyecto y, como consecuencia de la no entrada en operación, no se generara ni se comercializara energía, ocasionando un lucro cesante que también se tiene como daño dentro de la presente causa fiscal”.
En todo caso, en contra de este fallo de responsabilidad fiscal por 4'330.831'615.227 pesos, que cobija a 26 personas —naturales y jurídicas—, proceden los recursos de reposición y apelación, que tiene fecha del 3 de septiembre. Por otro lado, entre los puntos del fallo también se compulsó copias de las pruebas sobre un posible aumento de la altura de la presa, que podría tener incidencia en la licencia ambiental del proyecto, a la Anla, para lo que corresponda a su competencia.