Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, a la JEP
Fuerzas Militares y Farc tendrán que responder por los hechos violentos.
● La Sala de Reconocimiento de la Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió el segundo caso en esa justicia especial fruto del acuerdo de paz que abarca los hechos victimizantes cometidos en Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, tres municipios de Nariño que fueron fuertemente golpeados por el conflicto armado.
Esa instancia de la JEP, que es considerada la puerta de entrada del Tribunal para la Paz, con este caso 002 espera esclarecer la situación que vivieron esas poblaciones entre 1990 y 2016 y para eso llamó a las Fuerzas Militares y a las Farc a responder por las conductas que habrían cometido en esa región durante ese periodo.
Aunque la Sala de Verdad no llamó a ningún militar o exguerrillero en particular, decretó abierta la etapa de reconocimiento de verdad y de responsabilidad con lo cual se espera que inicien las versiones voluntarias de los sindicados que operaron durante el conflicto en esos tres municipios nariñenses.
La presidente de la sala de Verdad, Julieta Lemaitre, y la magistrada de esa instancia, Belkis Izquierdo explicaron los criterios para priorizar “la grave situación de derechos humanos padecida por la población de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte”.
Una de las consideraciones importantes fue “el abandono estatal histórico de la zona, la presencia de grupos armados y la ocurrencia de casi mil hechos victmizantes, así como la vulnerabilidad de los pueblos étnicos”, dijo Lemaitre, mientras que la magistrada Izquierdo, de origen indígena, agregó que precisamente en esa zona esos pueblos representan casi 80 por ciento de la totalidad de habitantes. Hay 26 consejos comunitarios en las que se organizan las comunidades afro y 21 resguardos indígenas.
Otro criterio para avocar el conocimiento de este
segundo caso en la justicia de paz, explicó Lemaitre, “fue la representatividad de los hechos, de los responsables y la magnitud de la victimización”.
Todas las conductas presuntamente cometidas por las Farc y la Fuerza Pública que conocerá la Sala de Verdad tienen que ver violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos, entre las que hay masacres, asesinatos, reclutamiento forzado, violencia sexual, heridas de muertes por minas antipersonal, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado, entre otros.