Dagma aclara polémica por video en cerro
CALI. Luego de que circuló en redes sociales un video en el que se observa una retroexcavadora en el cerro La Bandera, el Dagma y la Policía llegaron ayer al lugar y aclararon que se trata de obras biomecánicas de la CVC contra la erosión. ● No cesa el debate para que la Policía y otros organismos de la Fuerza Pública cuenten con recursos, con el fin de combatir la delincuencia y la criminalidad en Cali y en todo el Valle. No solo hay desacuerdos por la sobretasa para el Cuerpo de Bomberos de la capital vallecaucana y que les significa recibir 9.000 millones de pesos al año. También, por la sobretasa a la energía en el Valle para brindar más seguridad en la región.
En el caso de la sobretasa de Bomberos, el comandante de la institución, capitán Roberto Duque, teme que al organismo de socorro le quiten hasta el 50 por ciento de los dineros. Ante esto el Alcalde señaló: “Tengan la plena seguridad que no vamos a arriesgar la capacidad operativa de los Bomberos. Sus recursos para funcionar seguirán garantizados como hasta ahora” y recordó que hoy analizará el tema con el capitán Duque.
Pero, los homicidios en Cali siguen siendo un desafío, aunque la Alcaldía y la Policía reiteran que hay reducción. Pero en cuanto a otros delitos, las denuncias de robos a personas, al comercio y en residencias aumentaron este año en Cali. La Secretaría de Seguridad de Cali había informado que se estudian fuentes de financiación como sobretasas a la seguridad que permite la ley 1421, distintas a la de los Bomberos.
A esta controversia por la sobretasa para los Bomberos, también se sumaron diferencias con la Gobernación, pero en ese caso, por la sobretasa a la cha contra la criminalidad. El alcalde Armitage se mantiene en desacuerdo con esta sobretasa, al igual que el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez. “La tasa de la seguridad, no significa otra cosa que poder tener recursos para invertir en la seguridad de todos los vallecaucanos”, respondió la secretaria general del Valle, Norma Hurtado.
Los veedores Luz Betty Jiménez y Pablo Borrero consideran que este cobro “constituye una nueva imposición que linda con el abuso del derecho de parte de unas autoridades que pretenden trasladarles a los usuarios el costo de un servicio que la Nación debe cubrir por mandato constitucional”.