La pérdida de seguridad se palpa en líderes asesinados
EN LOS PRIMEROS 14 DÍAS HAN MATADO A 19 LÍDERES SOCIALES. HAY SISTEMATICIDAD.
Los asesinatos de al menos 19 líderes sociales en los primeros 14 días del año reflejan el deterioro de seguridad que vive el país a causa de la violencia política, del narcotráfico y las economías ilegales.
Uno de los casos más recientes fue el de Jorge Luis Betancourt, líder campesino y coordinador de deportes de la Junta de Acción Comunal (JAC) del corregimiento de San Francisco del Rayo, asesinado por desconocidos en esa localidad de Córdoba. Betancourt, de 42 años, vivía con sus tres hijos y su esposa en San Francisco del Rayo, que hace parte del municipio de Montelíbano, donde le dispararon frente a sus familiares ayer, ‘modus operandi’ que se ha repetido con varios de los líderes asesinados en 2020.
En el Cauca también mataron ayer al indígena Yaiber Alexander Quitumbo cuando estaba en su parcela en una zona rural del municipio de Toribío. Estos asesinatos generaron el rechazo, entre otros, del senador indígena Feliciano Valencia, quien pidió al presidente, Iván Duque, que "detenga el genocidio".
El analista y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, dijo que a los líderes los están matando porque "se oponen a economías ilegales y lideran procesos de restitución de cultivos", así como por su "participación en política".
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó en Ginebra su preocupación por "el significativo número de defensores y defensoras de derechos humanos que fueron asesinados en Colombia durante el año 2019".
"De acuerdo a nuestros registros, 107 activistas fueron asesinados el año pasado, y nuestro equipo en Colombia sigue en proceso de verificación de 13 casos adicionales que fueron reportados a lo largo de 2019, los cuales, de ser confirmados, aumentarían el total anual de muertes a 120 asesinatos", destacó la portavoz de la oficina Marta Hurtado.
Por ello hizo un llamado al Gobierno para que "realice un extenuante esfuerzo para prevenir ataques contra personas que defienden los derechos fundamentales, para investigar todos y cada uno de los casos y enjuiciar a los responsables de estas violaciones".
"La gran mayoría de los 107 asesinatos en 2019 tuvieron lugar en áreas rurales, casi todos ellos (98 %) en municipios con economías ilícitas donde operan grupos criminales o armados, y el 86 % del número total tuvo lugar en veredas con tasa de pobreza por encima del promedio nacional", sostuvo. El 2020 tampoco comenzó bien porque "al menos 10 defensores de derechos humanos, según información preliminar" de ese organismo, fueron asesinados mientras que organismos sociales los cifran en 19.