Con justa razón

El déficit para el financiamiento de las universidades públicas en Colombia fue la principal razón por la que salieron a marchar miles de estudiantes y profesores de 32 centros de educación superior el pasado 10 de octubre, con el propósito de alzar una voz y pedir que se reforme la Ley 30 de 1992.

Se trata de una ley que, según los rectores, es la causa del desfinanciamiento que hoy supera los 18 billones de pesos.

Carolina Montoya, docente de la Universidad Nacional, asegura que faltan 3,2 billones para el funcionamiento y 15 billones de pesos para infraestructura.

Por eso, la comunidad educativa plantea subir los recursos provenientes del Estado en cuatro puntos por encima del IPC, para ir reponiendo de alguna manera el déficit de los últimos 26 años, provocado por una norma que los ha tenido maniatados.

Según Jhon Jairo Arboleda Céspedes, rector de la Universidad de Antioquia, hay buen ambiente para que el Congreso de la República apruebe el aumento y les permita tener recursos para invertir en sus estrategias educativas. El mismo presidente Iván Duque ha confirmado que ha sido difícil la transferencia de recursos, pero el tema va por buen camino.

Con justa razón se cumplió la apoteósica protesta que no solo habló en beneficio de unos cuantos, sino también de las futuras generaciones.