Revivamos nuestra historia
La recién sancionada Ley 1874 de 2017 busca “restablecer la enseñanza obligatoria de Historia de Colombia” en la educación básica y media. Si bien esta ley no tiene el alcance que algunos le han querido dar, sí puede abrir la puerta para una reflexión sob
El regreso de la cátedra de Historia a los planes escolares.
La prensa nacional comenzó el año anunciando que, tras la sanción presidencial de la Ley 1874 de diciembre de 2017, la cátedra de Historia de Colombia regresará a las aulas de los colegios después de cerca de treinta años de ausencia. Para comprender mejor el eventual impacto que esta nueva ley va a tener en la formación de los estudiantes, y sobre todo cuáles son los retos a los que nos veremos enfrentados de ahora en adelante, es necesario hacer un breve recorrido histórico.
PASADO
Según el historiador colombiano Jorge Orlando Melo, las primeras leyes que ordenaron la enseñanza de la historia nacional se promulgaron a inicios del siglo XIX bajo el supuesto de que esta era una manera de formar a la gente y de promover el desarrollo de valores cívicos. En 1910, con la llegada del centenario de la Independencia y tras varias décadas de violencia interpartidista, se hizo un concurso para encontrar un nuevo texto de historia colombiana: “Según los organizadores, los textos existentes no respondían a las necesidades del país, sobre todo porque aprovechaban la historia para proponer a los estudiantes una visión sesgada y partidista”.
El ganador fue el texto de Henao y Arrubla, un manual que, animado por el republicanismo de la época, optaba por no concentrarse tanto en las polémicas entre los dos partidos políticos, y se enfocaba más bien en las glorias militares y en los progresos alcanzados por los distintos gobiernos. Este fue el texto que se utilizó para enseñar Historia aproximadamente hasta la década de 1950, época en la que empezaron a circular otros manuales de historia, pero que conservaban el mismo espíritu: La historia de Colombia (1954) del Hermano Justo Ramón y el texto de Rafael María Granados fueron algunos de ellos.
A partir de los años sesenta, afirma Melo, en la Nacional surgieron dos líneas de pensamiento que empezaron a criticar esta visión puramente militar y administrativa. La primera, impulsada por la “nueva historia” y por los trabajos de Jaime Jaramillo Uribe, quien reclamaba un mayor rigor en el estudio de la historia y exigía volver la mirada hacia aspectos sociales, económicos y culturales que hasta el momento se estaban dejando de lado. La segunda línea, permeada por la fuerte polarización política del momento, criticaba la visión heroica del pasado colombiano, y más bien la presentaba como la historia de un país lleno de desigualdades, de injusticias y de violencia contra el pueblo. Era una época en la que el debate sobre la enseñanza de la historia estaba más vivo que nunca.
En 1984, el gobierno decretó una reforma a la educación (Decreto 1002 de 1984): “Este estaba buscando un nuevo modelo educativo que funcionara mejor, porque ya nadie creía en el anterior”, afirma Melo, y se propuso que la enseñanza de la historia se hiciera desde una visión más general del desarrollo del país y que incluyera consideraciones aportadas por la sociología, la economía, la ciencia política, la antropología, etc. En otras palabras, se propuso una enseñanza de la historia integrada con otras ciencias sociales.
PRESENTE
La idea de enseñar Historia desde una perspectiva más integral resultaba atractiva, pues invitaba a aprenderla como procesos en los que intervienen diversos factores, y no como una simple sucesión de hechos y fechas. Pero esto traía consigo enormes desafíos de carácter práctico: “Se necesitaba un esfuerzo muy grande de organización,
de preparación de materiales y de formación de maestros. Pero nadie lo hizo”, constata Melo.
Esa misma orientación se integró, diez años después, en la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994). En ella se planteaba la enseñanza obligatoria de “Ciencias sociales, Historia, Geografía, Constitución política y Democracia”; además, les otorgaba cierta autonomía a las instituciones educativas para definir sus programas.
Las dificultades para la enseñanza de la historia permanecieron, y a pesar de que en 2004 el Ministerio de Educación Nacional publicó los Estándares básicos de competencias en Ciencias Sociales, lo cierto es que, a juicio de Melo, estos no resolvieron el problema de fondo: “En lugar de enseñar efectivamente una historia integrada en las ciencias sociales, lo que hay hoy es una mezcla confusa en una metodología que, si bien teóricamente es viable, en la realidad requiere de unos profesores y de una capacidad que, en términos generales, no existen”.
Este es, a grandes rasgos, el contexto en el que nace la Ley 1874 de 2017. Ahora, ¿qué es lo que contempla esta nueva ley? Su objeto es claro: “Restablecer la enseñanza obligatoria de la Historia de Colombia como una disciplina integrada en los lineamientos curriculares de ciencias sociales en la educación básica y media”. Dejando de lado los detalles, este restablecimiento implica principalmente dos cosas.
En primer lugar, exige que, en los programas curriculares de Ciencias Sociales que se dictan en primaria y secundaria se incluya Historia de Colombia. En términos concretos, según lo explica Lilian Betancourt, coordinadora del área de Ciencias Sociales del Colegio Helvetia de Bogotá, lo anterior no representa un cambio sustancial respecto a lo que ya era vigente desde 1994, pues se sigue planteando que la historia se enseñe en el marco integral de las Ciencias Sociales. “Es muy diciente que la misma Ley 1874 advierta en su artículo 4° que Historia de Colombia debe enseñarse ‘sin que se afecte el currículo e intensidad horaria en áreas de Matemáticas, Ciencia y Lenguaje’”.
En segundo lugar, se crea la Comisión Asesora del Ministerio de Educación Nacional para la enseñanza de la historia de Colombia, que estará compuesta por distintos representantes de academias de Historia, docentes universitarios y profesores de educación básica y media. Su función será ser un “órgano consultivo para la construcción de los documentos que orientan el diseño curricular de todos los colegios del país”, y tendrá un plazo de dos años para revisar y ajustar “los lineamientos curriculares de Ciencias Sociales con Historia de Colombia como disciplina integrada”.
Así, la tarea que se le impone a la Comisión Asesora no es menor. ¿Cómo se debe iniciar “en el conocimiento crítico de la historia de Colombia” a los estudiantes de primaria, tal y como lo establece esta nueva ley? ¿Se cuenta con materiales y profesores adecuados para ello? ¿Cómo se debe abordar en la educación media “la memoria de las dinámicas del conflicto y paz que ha vivido la sociedad colombiana”? ¿Se van a diseñar lineamientos específicos al respecto? Y si es así, ¿cómo se van a definir, y cómo garantizar que se sigan? Estas son algunas de las preguntas a las que esta comisión tendrá que ofrecer respuestas concretas.
FUTURO
La frase “quien no conoce su historia está condenado a repetirla” ha terminado por convertirse en un lugar común. Y, como todos los lugares comunes, es una afirmación discutible, aunque quizás tenga algo de verdad. Pero esa no es la única razón para defender la enseñanza de Historia de Colombia en los colegios.
De acuerdo con Melo, el valor del aprendizaje de nuestra historia trasciende el conocimiento de los hechos que configuraron lo que hoy es nuestro presente. Quien aprende de historia despierta su sensibilidad para dejarse interpelar por una realidad compleja; aprende a buscar y a interrogar fuentes documentales para comprender de manera crítica los fenómenos sociales; en otras palabras, quien aprende de historia aprende a privilegiar la discusión argumentada en lugar de la descalificación personal (algo que, añade Melo entre risas, no solo necesitan aprender los estudiantes de colegio).
Nadie duda de que la enseñanza de Historia de Colombia en primaria y secundaria es necesaria y fundamental. La pregunta es ¿cómo lograr un verdadero cambio frente a lo que hoy estamos viendo? En última instancia, todo terminará dependiendo del trabajo que haga la Comisión Asesora.
El primer paso que debe darse, de acuerdo con Melo, es crear buenos materiales con el fin de que los docentes cuenten con recursos de buena calidad para cumplir su función. “Yo creo que es muy importante promover la elaboración de manuales de historia de alto nivel para la primaria y la secundaria”. Es necesario, también, abordar la discusión sobre si se debe hacer obligatorio el uso de textos de historia aprobados por el Ministerio. Ciertamente la respuesta a esta cuestión no es evidente, pero es una reflexión que no se puede eludir.
También es imperativo crear y organizar buenos materiales de apoyo para los profesores y estudiantes: “Bibliografías, colecciones de mapas, documentos, tablas estadísticas claras y manejables por estudiantes de distintos niveles”, propone Melo. Pero no solo eso: también es hora de aprovechar las nuevas tecnologías y desarrollar recursos interactivos que les permitan a los estudiantes entrar en contacto más fácilmente con el pasado del país. Y tampoco se puede dejar de lado (y en esto coinciden tanto Melo como Betancourt) una ref lexión crítica sobre la formación que hoy están recibiendo los educadores en Ciencias Sociales.
“Si seguimos esperando que una ley y unos lineamientos curriculares resuelvan el problema, vamos a quedar en lo mismo”, asegura Melo. En este sentido, es preciso leer la Ley 1874, no como una solución definitiva, sino como una oportunidad para hacer los cambios que realmente se necesitan. Solo así se logrará que en un futuro, ojalá no muy lejano, la historia de Colombia cobre, en la realidad, la importancia que merece en la educación de los colombianos.
El valor del aprendizaje de nuestra historia trasciende el conocimiento de los hechos que configuraron lo que hoy es nuestro presente.