La obra ilegal que nadie logra frenar

DESDE 2013, Noticias Uno, esta revista (en julio y agosto de 2017) y algunos ciudadanos hemos denunciado la obra ilegal de los Moreno de Caro en su universidad, la Institución Universitaria de Colombia, en el barrio La Merced de Bogotá, un sector declarado de interés cultural. La obra empezó en 2011 y hoy el daño en varias casas de valor patrimonial no solo ya está hecho, sino que parece extenderse a otras casas sin los permisos correspondientes. “Aunque las casas tienen sellos de ‘Suspensión de obra’ de la Secretaría de Cultura, las obras siguen como si nada –le dijo a ARCADIA una fuente que pidió permanecer anónima–. Cada tanto, sencillamente retiran los sellos y las casas siguen siendo gravemente alteradas, sus volumetrías cambiadas, sus fachadas posteriores destruidas. Se han hecho construcciones que no respetan el uso ni la arquitectura del sector, se ha invadido el espacio público, se han destruido los jardines y andenes, convirtiéndolos en estacionamiento de motos, foco de vendedores ambulantes, desorden y basura”.

Hablamos con la Secretaría de Cultura, que nos confirmó que en efecto los sellos fueron irregularmente retirados, “razón por la cual se reimpusieron y se interpusieron las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación”. La fuente que consultó ARCADIA, sin embargo, asegura que las obras continúan.

Hace más de un año, Alberto Escovar, director de Patrimonio del ministerio de Cultura, le dijo a esta revista: “Ni Mincultura ni el idpc tienen funciones policivas. Pero si se comprueba que ese inmueble está sufriendo una obra que no tiene permiso, debe abrirse un proceso de investigación y solicitar a la alcaldía local que selle la obra”. Para agosto de 2017, la Secretaría ya había confirmado su ilegalidad en una carta oficial.

El problema, nos dijo Escovar, es que este tipo de procesos toman tiempo y a veces hace falta coordinación entre las instituciones. aunque la Secretaría está tomando las medidas pertinentes acordes al proceso, y aunque adelante “actuaciones administrativas encaminadas a la protección y reconstrucción de lo indebidamente ejecutado, con la finalidad de proteger los valores arquitectónicos, urbanos e históricos”, este caso, como decía el mismo Escovar, muestra que a veces la burocracia va en detrimento de las intervenciones sobre el patrimonio. ¿Cuánto tiempo más les tomará a las autoridades frenar las obras, reversar el daño ya hecho y sancionar a los responsables?