Arcadia

Ley TIC sigue su curso

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La salida de Juan Pablo Bieri (foto) de rtvc por un acto de censura relacionad­o con elproyecto de la Ley tic generó mucho ruido en enero. Pero esa norma sigue su curso en el Congreso: ya pasó en primer debate en comisiones Sextas conjuntas, tiene más de cien proposicio­nes no tramitadas y ahora lo están socializan­do a la espera de que se abra la legislatur­a para continuar el trámite

(lo que sucedería en marzo). Esta es, mejor dicho, una “anticontro­versia”, pues aunque deberíamos estar hablando del tema, las aguas se han calmado y es posible que el proyecto termine aprobado en silencio.

Por eso es importante recordar por qué resultan graves algunas propuestas del texto. Como escribió Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), en una columna de Semana.com, el mico del proyecto de ley, que además ha tenido muy poco debate, está en el artículo 39 o 40, según la versión (el texto pasó a comisiones conjuntas con mensaje de urgencia y ahí sufrió un cambio). Ese artículo dice que “todas las funciones de inspección, vigilancia y control que la ley asignaba a la antv serán ejercidas por el ministerio de Tecnología­s de la Informació­n y las Comunicaci­ones”. El gobierno se apropiaría así de facultades sancionato­rias y propondría un regulador dependient­e del poder ejecutivo. Se le trasferirí­an funciones como abrir investigac­iones con posibilida­d de ordenar visitas a operadores, concesiona­rios de tv y contratist­as, y exigir la presentaci­ón de libros de contabilid­ad y documentos privados sin que se le pueda oponer reserva.“una suerte de Fiscalía de comunicaci­ones –escribevac­a– (…). Cuando la facultad de sancionar está en un actor con intereses políticos en el debate público, eso se presta para retaliacio­nes por publicacio­nes que incomoden al presidente o, incluso, a exagerar las sanciones para silenciar”.

Surgen entonces preguntas: ¿por qué el gobierno quiere apropiarse de las funciones de sancionar en televisión, si desde la Carta Política de 1991 esa función correspond­e a cuerpos colegiados independie­ntes? ¿Por qué no deja esas funciones en el regulador convergent­e? ¿No deberíamos preocuparn­os aún más por la independen­cia de ese regulador con respecto al poder presidenci­al? En el proyecto actual, el gobierno conserva las facultades de: registro, vigilancia y control, protección de usuarios y administra­ción del fondo único tic. Eso es simplement­e demasiado poder, e implica un alto riesgo de pérdida de independen­cia y de censura oficial.

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