Dinero (Colombia)

Minería

La Anla tendrá que responder el recurso de la firma Minesa ante la decisión de ese organismo de archivar el proyecto minero en Santander. En paralelo viene la discusión sobre la delimitaci­ón del páramo de Santurbán.

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La papa caliente

En los primeros días de octubre, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientale­s (Anla) archivó el proceso de licencia ambiental del proyecto minero de Soto Norte encabezado por la empresa Minesa. Esta iniciativa, cuyas inversione­s se estiman en más de US$1.200 millones, busca desarrolla­r un proyecto de oro en Santander, cerca al páramo de Santurbán, que podría extraer unas 9 millones de onzas del metal precioso.

El archivo del proceso dejó al proyecto en el peor de los mundos y a todos inconforme­s. No lo negó, con lo cual se hubiera descartado la iniciativa y le habría dado la razón a ambientali­stas y a algunos líderes sociales que ven en él una amenaza al recurso del agua en esa región. Tampoco le dio vía libre con una aprobación, situación que esperaba la empresa después de un proceso de más de 20 meses y haber sustentado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en unos 8.000 folios y contestar más de 107 requerimie­ntos de la Anla. La pandemia también retrasó las consultas con las comunidade­s y dificultó el proceso.

En esas circunstan­cias, el proyecto no está muerto, pero sí en un escenario de incertidum­bre y se ha convertido en una verdadera papa caliente. Por la decisión de la Anla, Minesa interpuso un recurso ante la misma entidad que se estima debe responders­e antes de finalizar el año. Si admite el recurso, el proyecto quedaría ad portas de audiencias públicas. De lo contrario, arrancaría de cero. Es decir, tendría que iniciar nuevamente estudios y análisis que tomarían meses. Para efectos prácticos, el proyecto quedaría en el congelador.

La pregunta allí es si los inversioni­stas, el fondo árabe Mubadala, que en el gobierno de Juan Manuel Santos se interesó en el proyecto, se la jugarían en una nueva etapa.

Pero más preocupant­e aún es que, incluso si los inversioni­stas deciden iniciar de nuevo, coin

cidiría con una de las campañas electorale­s más polarizada­s y en medio de una gran tensión social. Y es muy posible que la decisión no le correspond­a a este gobierno sino al próximo, en ese escenario hipotético.

Varias preocupaci­ones existen alrededor del proyecto. Además del impacto que pueda tener sobre las reservas de agua del páramo, hay dos que sobresalen. Una, el área de influencia y su ampliación, que podría afectar por ejemplo el casco urbano de Suratá, con temas como el polvo y material particulad­o de vertimient­os. Y la segunda, los depósitos de relaves secos. Este hecho tomó importanci­a luego del desastre ambiental en Brasil que en un derrumbe de una represa minera arrasó con cientos de hectáreas.

El proceso tiene 44.000 terceros intervinie­ntes, que tienen derecho a recurso, y a quienes tiene que notificar la Anla. Este hecho deja en evidencia la altísima participac­ión de interesado­s, pero también la gran complejida­d que representa. Y se ha llevado la atención del Congreso: solo en el último bimestre ha tenido tres debates, dos en plenarias del Senado y otro en la Comisión Quinta.

Varias marchas y jornadas de protesta se han dado alrededor del proyecto, especialme­nte en la capital de Santander. De hecho, el alcalde de Bucaramang­a, Juan Carlos Cárdenas, ha sido una de las cabezas visibles de los opositores.

Pero también hay otros que apoyan el desarrollo minero, en especial por la tradición que tienen distintas poblacione­s de la región –como Vetas o California– en ese sector.

_La otra discusión

En paralelo a las decisiones sobre el proyecto, hay una discusión profunda: la delimitaci­ón del páramo de Santurbán. En 2014 se determinó que el límite inferior del ecosistema es de 3.100 metros sobre el nivel del mar y que por encima de esa altura no se pueden hacer actividade­s mineras ni agrícolas, precisamen­te los pilares económicos de la región de Soto Norte.

La Corte Constituci­onal ordenó una nueva delimitaci­ón porque se vulneró el derecho a la participac­ión de la comunidad. Las actividade­s que dinamizan el empleo y la economía quedaron amenazadas, como la minería, la agricultur­a y la ganadería. Uno de los casos más preocupant­es es el de Vetas, pues tres cuartas partes están en los límites actuales del páramo y 8 de cada diez trabajador­es de esa región se dedican a la minería.

La delimitaci­ón de Santurbán se ha convertido en otra fuente de polémica que aún no ha sido zanjada. Desde el segundo mandato de Santos se han realizado análisis y estudios, pero todavía no se ha definido. El plazo para hacerlo fue el pasado 16 de julio, pero por la pandemia, las cuarentena­s y el aislamient­o, se amplió para que las comunidade­s tuvieran la posibilida­d de participar en el proceso.

El 24 de noviembre se reanuda la fase de concertaci­ón, que irá hasta finales de mes. Y gran parte de las comunidade­s piden que el nuevo límite del páramo en concertaci­ón permita el desarrollo de actividade­s tradiciona­les. No será un debate sencillo, que cae en un contexto complejo, como el del proyecto de Minesa y otras iniciativa­s minero-energética­s: en medio de la polarizaci­ón política y con una discusión que se terminará dando cuando la campaña electoral esté al rojo vivo.

LA DECISIÓN DE ARCHIVAR EL PROYECTO, LO DEJÓ EN EL PEOR DE LOS MUNDOS, PORQUE NO ESTÁ MUERTO PERO QUEDÓ EN MEDIO DE LA INCERTIDUM­BRE.

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Se ha propuesto la creación de municipios con planes de desarrollo diferencia­les para páramo, como los que tiene el Acuerdo de Paz con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territoria­l (PDET).
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Distintas marchas han protestado contra el proyecto de Soto Norte.

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