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ELON MUSK
@ELONMUSK Un tuit de Elon Musk puede costar miles de millones de dólares. Es en serio: en agosto de este año, por ejemplo, tuiteó que quería hacer de su compañía de servicios eléctricos –Tesla– una sociedad limitada para que no pudiera cotizar en bolsa: “Estoy considerando hacer de Tesla una privada a USD 420 por acción. Financiamiento asegurado”. Ese simple tuit hizo que la acción de Tesla en la bolsa de valores de Nueva York se volviera loca: unas horas después el precio de la compañía escaló un 6 %, luego volvió a bajar abruptamente y finalmente subió de manera imprevisible.
El problema, en el fondo, es que el anuncio de Musk no tenía ningún sustento legal: “Aunque [el anuncio] llevó a los inversionistas a creer que tenían una oferta segura, alegamos que Musk llegó al precio de 420 dólares por el significado que tiene ese número en la cultura de la marihuana”, dijo en un comunicado la Comisión de Bolsa y Valores. “Él creía que a su novia le entretendría eso”. El pequeño coqueteo le costó a Musk veinte millones de dólares en multas, su puesto en la junta directiva de Tesla y la prohibición tajante de volver a tuitear cualquier mensaje sobre la compañía –aunque, cuando se supo que seguiría como CEO de la empresa, las acciones subieron en un 18 %–.
2018 no ha sido el mejor año para este Tony Stark de la vida real. Hace unos meses le aceptó un porro a un presentador que estaba transmitiendo en vivo una entrevista con él y su imagen se convirtió en un meme instantáneo. Sin embargo, sus fanáticos y accionistas todavía creen en sus ideales y valores: para ellos, este excéntrico millonario que quiere sepultar para siempre los motores de gasolina invirtiendo en el desarrollo de carros eléctricos, energía solar, transporte espacial confiable y en planes para llevar al hombre a Marte. Además, es un hombre de palabra. El año pasado, cuando el viceoresidente de productos de energía de Tesla dijera que podían instalar su sistema de baterías en Australia en menos de cien días, Musk redobló la apuesta: “Tesla tendrá el sistema instalado en 100 días a partir de la firma del contrato o es gratis”. Dos meses tras la firma, el gobierno austaliano tuvo que pagar.