Retos para el nuevo gobierno.
El nuevo gobierno se encontrará con un panorama lleno de desafíos e incógnitas para la educación superior. La falta de financiación y las exigencias de calidad están en el centro del embrollo.
Tras un estudio con datos de 114 países, Naciones Unidas estableció que un año más de educación está directamente asociado a una reducción en la desigualdad. Es una necesidad hacer un esfuerzo por culminar los procesos educativos de los colombianos en la educación superior, que ha sido campo de discusión durante el último gobierno. Debates sobre cómo asegurar la calidad educativa y aumentar la cobertura se suman a aquellos sobre la pertinencia de la Acreditación de Alta Calidad, el impacto de Ser Pilo Paga y la reforma a la Ley 30.
Cada uno de estos debates parece estar profundamente relacionado con el otro: mientras que se lucha por mejorar la cobertura, ¿cómo asegurar y mejorar la calidad?, ¿cómo aumentar la cobertura con incrementos insuficientes en los presupuestos?, ¿cómo garantizar un sistema de financiación de la educación superior que permita el desarrollo económico de los graduados? Con estas y otras incógnitas se encontrará el siguiente gobierno.
ACREDITACIÓN Y CALIDAD
La respuesta que desde hace años se ha propuesto para mejorar los estándares de la educación superior es la Acreditación de Alta Calidad, una serie de lineamientos y requisitos establecidos por la Ley 30 que las instituciones deben cumplir.
Pero, ¿asegura la acreditación el alto nivel de las universidades? El último informe del Banco Mundial sobre desarrollo global desmantela la idea de que escolarización significa aprendizaje. Así mismo, cumplir con esta lista de requisitos no necesariamente garantizaría la calidad. A esto se suma la preocupante cifra sobre la cantidad de instituciones de educación superior que logran cumplir con estos requisitos: solo el 15 %, es decir, 44 de 287. ¿Es entonces la Acreditación de Alta Calidad un estándar creado solo para un tipo de misión institucional?
La viceministra de Educación Superior, Natalia Ruiz Rodgers, reconoció: “[hasta ahora] hemos estado midiendo capacidades; metros cuadrados, profesores, etc. Ahora el sistema tiene que estar maduro para entender que, en lugar de evaluar lo que se tiene, se debe ver qué hacer con esos recursos. Y, aún más, medir el aprendizaje real del joven y evaluar su desempeño como egresado”.
La implementación de este esquema tiene implicaciones que trascienden el ámbito de la calidad educativa. Un claro ejemplo es la investigación académica, uno de los aspectos más discutidos. Para las universidades que buscan desarrollarse como investigadoras este punto no es problema; en cambio, para las que tienen otros perfiles, este requisito exige una inversión económica significativa que, además, las desvía de su misión.
Carlos Alberto Garzón Gaitán, vicerrector general de la Universidad Nacional de Colombia, nota que las exigencias del sistema de acreditación han resultado en una homogeneización de la oferta académica. Para evitarlo, sería necesario construir metodologías de evaluación que permitan la coexistencia de calidades y enfoques.
ACCESO Y CUBRIMIENTO
El acceso y el cubrimiento son algunos de los indicadores en los que más ha avanzado el país en materia de educación superior, aunque siguen siendo de los que más requieren atención. Según datos de la Comisión de Vicerrectores Administrativos y Financieros del Sistema Universitario Estatal, entre 1993 y 2015 hubo un aumento de la cobertura de los estudiantes de pregrado de un 252 %. Las cifras son prometedoras hasta que se conoce que Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla condensan alrededor del 85 % de la oferta de educación superior, según datos del último censo agropecuario. Además, según la misma fuente,
solo el 50 % de la población rural llega a quinto de primaria.
Entonces, ¿a dónde van los estudiantes de las regiones?, ¿cómo acercarles las instituciones de educación superior? La disparidad de acceso entre las ciudades y el campo es evidente. Según la viceministra de Educación Superior, uno de los mayores retos del sector es desarrollar un plan de educación rural con enfoque territorial para comenzar a nivelar la diferencia entre los territorios rurales y urbanos.
La pregunta es cómo seguir ampliando la cobertura del sistema de manera sostenible y de calidad. Según estudios dirigidos por Roberto Zarama, profesor de la Universidad de los Andes, la cobertura ha crecido pero quienes acceden a la educación terciaria lo hacen con puntajes Icfes cada vez más bajos. Así, en 1998 el 35 % de los que ingresaban tenía puntajes altos en la prueba de Estado. En 2014, esta cifra se redujo al 20 %, con el agravante de que el porcentaje de estudiantes que ingresaron con un puntaje bajo creció 12 puntos en el mismo intervalo, de 28 % a 40 %.
FINANCIACIÓN
El acceso a recursos para financiar la educación constituye otro punto álgido, tanto del lado de los estudiantes como de las universidades públicas: estas declaran que existe un hueco financiero que les dificulta cumplir con su misión, mientras que los graduados que financiaron sus estudios con préstamos se encuentran apremiados por pagarlos. En el ojo del huracán se encuentra Ser Pilo Paga.
ICETEX
La reforma de Financiación Contingente al Ingreso (FCI), que adelantan el Icetex y el gobierno, es lo que muchos estaban esperando: la posibilidad de pagar en cuotas de acuerdo a su ingreso como profesionales. El proyecto de ley tiene impactos profundos en el sistema: el concepto de crédito cambiaría por el de ayuda educativa reembolsable, se podría acceder sin codeudor, sin cobros por retrasos y sin reportes a centrales de riesgo como Datacrédito.
La reforma fue aprobada el pasado 11 de abril y se espera que el proyecto entre en vigencia este año. Según Daniel Torres, el representante de los usuarios del Icetex, los avances no son solo en materia crediticia. El nuevo proyecto busca fortalecer las universidades públicas, ya que les será asignado el 50 % de los cupos otorgados por el crédito. Además, dos representantes de los usuarios del Icetex tendrán voz y voto en la junta directiva; un gran paso para la participación estudiantil. El proyecto busca beneficiar al 15 % de los nuevos usuarios (10.000 estudiantes), por lo que, aunque revolucionaria, la reforma aún deja dudas sobre el futuro de los beneficiarios que no entren en este grupo. Lastimosamente, el programa no cobija a quienes ya son deudores del Icetex.