Profesores amenazados
Los maestros del país están huyendo de los colegios para proteger su vida. Grupos armados ilegales, pandillas juveniles y padres de familia están detrás de un fenómeno invisible para las autoridades.
La última vez que Claudia y Gustavo Pedraza vieron con vida a su hermano Carlos fue el 19 de enero de 2015. Carlos Pedraza era licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica de Bogotá. Trabajó como profesor de quinto de primaria en varias escuelas en la localidad de Usme. Estuvo en el Movimiento de Víctimas y Crímenes de Estado (Movice) y fue coordinador de los paros nacionales agrarios ocurridos entre 2013 y 2014. No era solo un docente. Su hermana Marlis Pedraza recuerda que todo empezó en el barrio en donde vivieron desde pequeños, en la localidad Rafael Uribe Uribe. “Él se entendía con los jóvenes, con las barras bravas, con la junta de acción comunal. Ya en la universidad, continuó haciendo lo mismo. Era un líder, pero de eso me di cuenta cuando Carlos ya no estaba con nosotros”, dice Marlis. Dos días después de su desaparición, el cuerpo de Carlos fue encontrado con una herida de bala en su cabeza, en la zona rural de Gachancipá, Cundinamarca. Sin embargo, a su familia le dijeron días antes que Carlos había tenido un accidente en una motocicleta y tenía una herida en la cabeza. Tres años después de su asesinato, todo sigue igual de confuso. El caso ha pasado por las manos de tres fiscales que no han encontrado indicios del culpable.
NO MÁS SILENCIO
En 2013, dos años antes del asesinato de Carlos Pedraza, el exdefensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, hizo un llamado a las autoridades para proteger la vida de 1117 maestros que en su momento estaban amenazados. Aseguró que, de acuerdo con los análisis de la Unidad Nacional de Protección (UNP), los departamentos con mayor número de solicitudes de protección eran Antioquia (129 casos), Bogotá (123), Valle del Cauca (94), Córdoba (90) y Nariño (88). De ellos nunca se supo si aún están con vida. Nadie habla de los asesinados. Un docente solo aparecerá en las estadísticas de las organizaciones de derechos humanos si en el momento de ser asesinado era un líder en su comunidad. Como ocurrió con Carlos Pedraza y como revela el informe de Somos Defensores, un programa de protección a los defensores de derechos humanos en el que registró el asesinato de 106 líderes sociales en 2017, de los cuales cuatro eran docentes. Solo cuatro. De los demás, de aquellos que recibieron amenazas de padres de familia; de aquellos que son amenazados por pandillas juveniles que quieren ingresar drogas a los colegios, y de aquellos que fueron extorsionados por los grupos armados ilegales, de ellos nunca se hablará.