1000 ESTUDIANTES Y 14 PROFESORES
Según Carlos Guevara, director de Somos Defensores, “es muy difícil encontrar información de todos los docentes asesinados, porque nadie ha hecho ese análisis. No nos atrevemos a hablar de un número mayor en nuestro informe, pero los sindicatos son quienes tienen esas cifras reales”. Aunque a 2018 solo 33 docentes están en riesgo de perder la vida, según las cifras que reporta la UNP, los sindicatos regionales de maestros aseguran que son más: Antioquia (27), Nariño (22), Caquetá (3) Caldas (27). En realidad no existe una cifra oficial, ni una entidad que estudie este fenómeno. La Defensoría del Pueblo no cuenta con un informe reciente que muestre la magnitud de los asesinados y amenazados. La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) asegura que tampoco tiene cifras. Sin embargo, Semana Educación se dio a la tarea de hablar con algunos de los docentes que aparecen en la lista de la UNP gracias a los sindicatos regionales. Todos tienen en común que no saben en realidad de dónde provienen las amenazas. Todos fueron trasladados a zonas rurales de difícil acceso con presencia de grupos al margen de la ley, paradójicamente, para salvar sus vidas*.
LOS QUE RESISTEN
Diana lleva más de 26 años como docente de primaria en el departamento de Nariño. A pesar de resistir a los hostigamientos de las Farc (antes de la firma del Acuerdo de Paz), y luego a la persecución del ELN, se vio obligada a no regresar a la escuela. Las ganas con las que había asumido su trabajo en una zona de conflicto armado en Nariño desaparecieron cuando, por medio de un panfleto, le dijeron que tenía que salir del pueblo. Junto a ella fueron desplazados y amenazados 14 profesores más. El colegio quedó vacío, los más de 1000 estudiantes que estaban inscritos hasta 2017 no volvieron a asistir a clases. Hasta hoy, tanto Diana como sus compañeros, incluso el rector, no saben quién los amenazó.
Asegura que nunca tuvo problemas con sus alumnos, ni con los padres de familia. Su caso fue investigado por la UNP, que consideró que estaba en riesgo extraordinario y por lo tanto debía ser trasladada. Pero, a criterio de Diana, la enviaron para un lugar más peligroso. Actualmente, debe ir a la Secretaría de Educación de Nariño para firmar asistencia, ya que solo de esa forma puede recibir su sueldo. Así, todos los días, desde las siete de la mañana hasta mediodía, espera sentada en un andén a que le ayuden a encontrar una zona más tranquila de Nariño para trabajar. Lo mismo le sucedió a Marcos, en el departamento de Antioquia. A pesar de que nunca se formó como docente, lleva más de 20 años ejerciendo como profesor de Ciencias Sociales y Políticas. Aunque sabía que lo habían enviado a una zona de conflicto armado a dar clases a los jóvenes de octavo y undécimo, asegura que no fueron ni los paramilitares ni la guerrilla quienes lo amenazaron a él y a otros cinco compañeros más. “La gente del pueblo aprovecha que vive en una zona 'caliente' para hacer de las suyas. Estoy seguro de que un padre de familia, que no estaba de acuerdo con nuestras decisiones, quiso tomar represalias sacándonos del colegio”, expresa Marcos. Con temor, puso la denuncia en la Secretaría de Educación y a los tres meses ya lo habían trasladado para otro colegio, muy lejos del lugar donde lo amenazaron. A pesar de que es una zona de difícil acceso, Marcos asegura que no cambia las comodidades que tenía antes por la tranquilidad que tiene ahora. Sin embargo, al darse cuenta de que ser profesor no es precisamente un trabajo tranquilo, afirma que nunca se ha arrepentido de ser lo que es: “Yo elegí ser docente así no haya estudiado una Licenciatura. Nunca me arrepentiré de eso”. La pasión que siente Marcos por la enseñanza es la misma que siente Ramiro. Lastimosamente, a los dos les ha costado mantenerla. En el caso de Ramiro, a pesar de que hace un año lo trasladaron por estar amenazado, todavía recibe llamadas de un hombre que le exige $ 3.000.000. A cambio, promete darle protección en la zona donde trabaja. Sabe su nombre y su cargo, pero Ramiro nunca ha cedido. “El Gaula me dijo que era una modalidad de extorsión muy usada por personas que están en la cárcel. Supongo que es gente que trabajaba por la zona en donde yo era rector, porque es un área de siembra de cultivos ilícitos”, dice Marcos. Por tratarse de un sector cocaler, manejado por paramilitares en Nariño, Ramiro asegura que nunca preguntó, nunca cuestionó nada de lo que hacían, porque su única razón para estar en ese lugar era graduar los primeros bachilleres del pueblo. “Alcancé a entregar tres promociones de 20 estudiantes. Lograrlo en un ambiente hostil como ese fue muy bueno, porque muchos se van a trabajar con la coca y se olvidan del estudio”, manifiesta con orgullo. Pero hoy siente tristeza de no poder seguir trabajando por esa comunidad. “Yo nunca pedí ser traslado, a pesar de las amenazas, pero me obligaron. No estoy enojado, me siento triste porque dejé a ocho estudiantes en el proceso y no pude asistir a su grado”. *Para no poner en riesgo sus vidas, los docentes pidieron cambiar sus nombres, no detallar el lugar en el que fueron amenazados y tampoco dónde los trasladaron.