País Desafíos urgentes
Una de las apuestas del gobierno Santos fue la educación. Sin embargo, quedaron pendientes que la administración entrante debería abordar con prioridad si quiere empezar a dar resultados a corto plazo. Algunos expertos del sector hablan sobre esos puntos clave a tratar.
HORACIO ÁLVAREZ MARINELLI Especialista en educación Banco Interamericano de Desarrollo
Atención integral a la primera infancia. Este tema, además de ser estratégico del sistema, cuenta con amplio respaldo político y se encuentra en todos los planes de los partidos políticos. Al Ministerio de Educación le tocará la labor de expandir el acceso a los niños más pequeños, y lograr cuando menos que los de 5 años accedan a un preescolar. Pero no como el de ahora sino uno integral que le ofrezca oportunidades para tener éxito en primer grado.
Por otro lado, está la jornada única, una tarea pendiente del país que también cuenta con mucho apoyo político. El tema, sin embargo, debe priorizarse y focalizarse, en par ticular en aquellas comunidades educativas que enfrentan riesgos sociales. Además, para introducir cambios, tiene que ser una opor tunidad de mejora de las escuelas. No debiera haber más horas para hacer más de lo mismo.
La reforma al financiamiento es fundamental para poder introducir transformaciones que apunten a mejorar la calidad y la equidad del acceso educativo. En el corto plazo, se necesitan cambios para garantizar la solvencia y el funcionamiento base de las escuelas; en el mediano y largo plazo, reformas que permitan la priorización de las inversiones en calidad educativa, tales como la dotación de textos escolares a todos los niños y una delimitación de las competencias por nivel, para tener claridad sobre las responsabilidades de inversión, evitar duplicidades e ineficiencias. Deben introducirse reformas para mejorar la equidad. Al igual que países como Chile, pueden diseñarse estrategias para entregar canastas educativas diferenciadas, dependiendo del grado de vulnerabilidad de la población que atiende la escuela.
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) necesita una reforma fundamental y esquemas distintos de ejecución según el territorio. Bogotá, por ejemplo, ha encontrado una solución ganadora de premios internacionales por su transparencia y eficiencia. Pero lo que sirve en la capital no serviría en Caquéta, Arauca o Guaviare, aunque sí podría funcionar en Medellín, Barranquilla y Cali.
Por último, pero no menos importante, la educación rural requiere una reforma profunda de atención a la población rural. Esto cruza transversalmente desde el acceso a la atención a la primera infancia, hasta a la educación superior. Es imperativo, además, tocar el tema del fracaso escolar (reprobación y deserción), la extraedad o la sobreedad.
ISABEL SEGOVIA OSPINA Gerente general Inversiones Primera Infancia S.A.S.
Para seguir progresando, combatir la corrupción, acabar con la violencia, volvernos solidarios y creativos, se necesita educación de buena calidad para todos. Por esta razón, la educación debería conver tirse en uno de los pilares de este nuevo gobierno.
Urgen importantes reformas para poder avanzar. Para la primera infancia, etapa en la que se construyen los pilares para el aprendizaje futuro y se encamina a los niños a conver tirse en buenas personas, se necesitan recursos frecuentes y una institucionalidad fuer te, organizada, con funciones claras.
Para mejorar la calidad de la educación en los niveles de básica y media, es urgente presentar la nueva ley de transferencias, puesto que la Ley
715 tuvo vigencia hasta 2016. Esta norma es fundamental, pues de ella dependen los recursos para invertir en los maestros, en su proceso de formación inicial, acompañamiento, salarios y mejoramiento continuo. Si los docentes no son el eje de la política educativa, no mejorará la calidad de la educación.
Por último, el país tiene una gran deuda con las universidades públicas. La forma como se distribuyen los recursos y su insuficiencia la tienen sumida en una crisis financiera que hace muy difícil captar más estudiantes y mejorar la calidad de sus programas. Sería ideal poder reformar por completo la Ley 30, pero solo con modificar algunos de sus artículos se lograrían resultados rápidamente.
Estos son algunos de los principales retos que enfrenta el gobierno entrante para garantizar el derecho a la educación. En educación, la receta se conoce: se requiere voluntad y compromiso para implementar las políticas. Si se le brindan los recursos necesarios y el apoyo político al sector, la educación contribuirá a que nuestra capacidad de resiliencia, valentía y pasión nos convierta en ciudadanos productivos, pero sobre todo, nos transforme en una sociedad civilizada, reconciliada, equitativa y humana.
MARGARITA SÁENZ Directora ejecutiva Enseña por Colombia
Colombia tiene una deuda histórica con los niños y jóvenes que viven en la ruralidad. Responder a su derecho, a una educación de calidad, es un compromiso que debe asumir el nuevo gobierno.
No podemos aplazar más el cierre de la brecha educativa entre las zonas urbanas y rurales. Por esto, la educación rural tiene que ser un componente prioritario en el pilar de equidad de la administración del presidente Duque. Las acciones que se definan deben enfocarse tanto en cobertura como en calidad, y diferenciar los retos de la ruralidad intermedia y la dispersa. Por ejemplo, es necesario aumentar la oferta de educación media en la ruralidad intermedia y darle vida normativa a los internados que atienden a los estudiantes de la ruralidad dispersa, garantizar su pleno financiamiento y sus condiciones básicas.
“El reto está en aceptar que el problema se arregla con más dinero, en ponerse de acuerdo en quién lo aporta y en determinar a qué se destina”.
JUAN MARAGALL Especialista líder en educación Banco Interamericano de Desarrollo
El nuevo gobierno ha mostrado claridad en los temas que considera centrales: primera infancia, educación rural, jornada única, reforma del Sistema General de Participaciones (SGP), reestructuración del PAE y acceso a educación superior. En nuestra opinión, en estos temas se debe poner especial atención en las políticas de equidad y en la calidad de los docentes.
Colombia es de los países que más ha mejorado su desempeño en los últimos años, y debe sentirse orgullosa de ello; sin embargo, todavía no ha reducido la brecha de logros entre los sectores más favorecidos y los vulnerables. Así, cuando se quiere fortalecer la primera infancia, la educación rural o avanzar en jornada única, hay que poner énfasis en los más rezagados.
La reforma del SGP debería conducir no solo a una asignación más eficiente de los recursos, sino a políticas de equidad que compensen las carencias de las entidades con menos posibilidades. Todo acompañado de iniciativas que permitan que los profesores mejor preparados atiendan a quienes más lo necesitan. El gran reto es que los más vulnerables encuentren en la escuela lo que no tienen en casa, y eso es posible cuando pueden ir a una institución adecuada y encontrarse con una buena maestra.
ÓSCAR SÁNCHEZ Exsecretario de Educación del Distrito
Colombia requiere un acuerdo nacional para corregir las inequidades en la educación, o no habrá ni paz ni desarrollo. La oferta para estudiantes rurales y urbanos es muy diferente, y se agrava entre más alejadas y afectadas por el conflicto armado están las poblaciones. Y en las ciudades, las oportunidades que tienen las clases medias y los sectores populares de tener educación inicial y estudios superiores son aberrantemente diferentes; sin mencionar la formación integral durante la primaria y la secundaria (académica, ciudadana, artística y deportiva), que solo llega completa a unos pocos.
El triple reto está en aceptar que el problema se arregla con más dinero (se requieren entre 15 y 20 billones de pesos adicionales si queremos tener una educación aceptable para todos los colombianos), en ponerse de acuerdo en quién aporta ese dinero adicional y en determinar a qué se destina.
De entrada, la seguridad, la infraestructura y una agenda económica que privilegia otros factores sobre el desarrollo humano como fuente de riqueza, hacen que la educación sea relegada. Somos el país de la Ocde más privatizado y con menos inversión pública en educación. Luego hay que ver, además del gobierno nacional, quién aporta. Las entidades territoriales, el sector privado, los egresados de las universidades públicas, algunas familias en la medida de sus posibilidades, por ejemplo, pueden aumentar su contribución. Y por último, si hubiera más plata, definir en lo que hoy es una enorme disputa cuánto se destina a aumentar la cantidad de docentes, cuánto a mejorar sus ingresos y sus capacidades, qué para formación integral e innovación pedagógica más allá de los métodos y escenarios tradicionales, qué para infraestructura, cuánto para alimentación y transporte (y si seguimos con grandes contratos o vinculamos a las comunidades en esas tareas). Además, qué prioridades de gasto público se definen para diferentes niveles (inicial, básica, media, superior) y cómo rinde cuentas cada quién de sus compromisos una vez se le asignen nuevos recursos. Un desafío político muy complicado.