Los pendientes de la educación rural
150 docentes y miembros de organizaciones que trabajan por la educación en el campo colombiano se dieron cita en el V Congreso Nacional de Educación Rural, en Bogotá. Allí discutieron las necesidades del sector y formularon propuestas para que el nuevo go
El país aún no termina el debate por la financiación de la educación superior pública. En las principales ciudades, los estudiantes salen a las calles para exigir más recursos y el gobierno diseña una estrategia para garantizar los de 2019, mientras que algunos rectores hacen cuentas para ver cómo lograrán llegar al final de este año. En ese ambiente, la Mesa Nacional de Educación Rural puso en la agenda un tema que parecía marginado en la discusión: la necesidad de una política pública para garantizar que la población de las zonas rurales tenga una educación oportuna, suficiente y de calidad. Después de cuatro congresos anuales, los miembros de este movimiento saben de primera mano que el proceso es difícil. Buscan saldar deudas históricas que tiene el sector educativo con la ruralidad colombiana y que han sido ignoradas por décadas. Con la construcción del pacto nacional por la educación de las poblaciones rurales, el documento que resulta de este encuentro, esperan incidir en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Iván Duque, para que durante su mandato cree y ejecute una política pública que atienda sus demandas. En esta ocasión, los tres días de discusiones se centraron en tres ejes: financiación de la enseñanza para las zonas rurales, institucionalidad y trayectorias educativas completas e integradas para la población rural.
FINANCIACIÓN La petición principal de la Mesa Nacional de Educación Rural no difiere de la que ha volcado a la comunidad universitaria en las capitales durante las últimas semanas: no hay dinero. “La debilidad en la financiación de la educación para las zonas rurales ha sido una muestra de la falta de voluntad política frente al tema”, explica el documento base del congreso. Los vacíos más importantes son: infraestructura, formación para maestros y canasta educativa (profesores, coordinadores, directivos y alumnos). Las escuelas que reciben más plata son las que tienen más estudiantes, por eso se invierte más en las sedes principales. Si el presupuesto es escaso, se contratan a profesores con cada vez menos experiencia y formación. Los colegios rurales generalmente sufren por obtener recursos suficientes para garantizar la alimentación y el transporte de sus estudiantes, y ni se diga de los costos anuales de funcionamiento. En algunas instituciones han llegado a hacer ‘vacas’ entre alumnos, padres de familia y profesores para comprar traperos. Ante ese panorama, la discusión del congreso se centró en la urgencia de que el dinero público se reparta de acuerdo con las necesidades en educación y de establecer unos criterios específicos para que la asignación de recursos sea pertinente y diferenciada, según cada caso. TODOS PARA EL MISMO LADO A la hora de planear y ejecutar, hay una desconexión evidente entre los responsables, al punto que es difícil saber quién debe hacerse cargo. A nivel nacional, la institución encargada es el Ministerio de Educación Nacional (MEN); en los departamentos y municipios la responsabilidad es compartida por las secretarías
dedicadas al tema, los establecimientos educativos y los gobiernos escolares. El congreso señaló dos posibles causas de esta ruptura: un problema funcional, debido a que el MEN no tiene una dependencia dedicada exclusivamente al tema rural, y un asunto de concepción, pues al no reconocer las particularidades de la educación rural, no se le da un manejo focalizado.
EDUCACIÓN COMPLETA E INTEGRAL
La Mesa Nacional de Educación Rural, así como las mesas territoriales dedicadas al tema, trabajan para que se garantice el derecho de los niños, niñas y jóvenes a recibir una educación continua desde la etapa inicial hasta la superior. Los asistentes resaltaron que el lugar donde habitan los estudiantes, su etnia, su condición socioeconómica o género no pueden convertirse en obstáculos para acceder a la educación, especialmente cuando la apuesta es orientarla hacia el desarrollo humano y social completo. Resaltaron enfáticamente que la enseñanza rural debe concebirse más allá de la aplicación de modelos educativos que garanticen la cobertura nacional, una política que, ejecutada de esa manera, entiende la educación igual para un niño de la ciudad que para uno del campo. Los profesores también padecen el problema, pues no cuentan con formación profesional constante, esto quiere decir que, más allá de lo pedagógico, hace falta una apuesta institucional, de planeación, financiación y gestión de los actores involucrados en la enseñanza para mejorar su calidad y pertinencia. Muchas de las propuestas del congreso están orientadas a atender problemas que han empeorado con los años, pero las organizaciones participantes tienen claro que también deben responder a los desafíos que imponen los nuevos tiempos. Por eso piden que se fomente el uso de infraestructura escolar ecológica, dotada con materiales que promuevan el cuidado del medioambiente y permitan aprovechar y preservar las condiciones del entorno.
“SI DESDE LA ESCUELA CAMBIÁRAMOS EL FUSIL POR UN LÁPIZ, SALDRÍAMOS ADELANTE CON LOS ESTUDIANTES”. CARMEN ALICIA MATAJIRA, PROFESORA DE ARAUQUITA.
Carmen Alicia Matajira, una mujer que ha dedicado más de 20 años a la docencia en el campo, vino a Bogotá desde su escuela en Arauquita (Arauca) para encontrarse con más personas que, como ella, saben que la enseñanza rural importa. La experiencia de ser maestra en una zona apartada y marcada por el conflicto armado le permite hacer un llamado contundente: ❚❚ DE LOS PROGRAMAS A LOS HECHOS: LA MANZANA DE LA DISCORDIA El mismo congreso reflejó el ambiente político actual frente al tema. En el panel final se discutió cómo debería ser una política pública de educación para la ruralidad, pero los encargados de tomar las decisiones brillaron por su ausencia o enviaron en su reemplazo a funcionarios con poco margen de acción. La representante del MEN fue Liced Zea, subdirectora de Fomento de Competencias; también asistió la presidenta de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, Mónica María Raigoza, con un tono cercano al proselitismo. El senador Horacio José Serpa estaba invitado, agendado en la programación, y a última hora dijo que no iba: en su reemplazo envió a Anderson Guerrero, un asesor de su equipo. Uno de los temas más polémicos del panel fue el proyecto de ley que busca garantizar el transporte escolar en zonas rurales, que permitiría contratar a personas naturales para prestar el servicio. Para los profesores, esta ley no solo alentaría la corrupción en la contratación, sino que libraría al Estado de su obligación de garantizar las condiciones para que los estudiantes accedan a la educación. La discusión sirvió para recalcar que Colombia necesita implementar una política pública estable para la enseñanza rural y superar los planes temporales que varían con cada gobierno. Entre los compromisos que dejó el panel está la creación de una subcomisión en la Cámara que se dedique a la educación rural y la entrega de las memorias del V Congreso Nacional de Educación Rural al MEN. Ante la cantidad de subcomisiones que resultan de las coyunturas nacionales, la propuesta no deja a los profesores tan optimistas: saben que ese apenas será el inicio de un nuevo camino para lograr que tengan en cuenta sus propuestas en la formulación, discusión y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo.