Retos de la política en primera infancia
A pesar de los avances logrados en la atención de los más pequeños, la informalidad sectorial y la calidad pedagógica presentan un gran desafío.
Como ha demostrado la evidencia científica internacional en innumerables ocasiones, los países deben sostener e incrementar las inversiones en la primera infancia si pretenden tener retornos sociales más altos en el mediano y largo plazo.
Por esta razón, en su agenda pública para el desarrollo tienen que incluir la meta de ofrecer servicios educativos de calidad y con cobertura universal para la primera infancia. Tanto es así que es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030.
Colombia ha sido pionera en Latinoamérica en estos aspectos y ha transformado significativamente los servicios dirigidos a esta población en los últimos años. Por medio de la política de atención integral a la primera infancia De Cero a Siempre, el país ha logrado aumentar la cobertura de los programas de educación inicial, al pasar de atender integralmente a 566.000 niños en 2011 a más de 1,2 millones en 2017.
También ha conseguido cualificar y formar el talento humano, promover el acceso a los derechos culturales de los menores y aumentar la cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones y el Sistema General de Seguridad Social en Salud, entre otros.
Estos avances en política pública han producido impactos significativos en varias de las dimensiones del adelanto de los niños que han participado de sus servicios. Incluso han reducido la brecha socioeconómica de desarrollo temprano
entre los pequeños más vulnerables y los que no, en aproximadamente un 35 %, de acuerdo con la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes.
Sin embargo, de manera paralela a las mejoras de cobertura en educación inicial pública, siguen planteando grandes desafíos la informalidad sectorial, la imposibilidad del Estado para hacer seguimiento a la garantía del derecho a la educación de los más pequeños, el tránsito de los niños por los diferentes tipos de servicios y la calidad pedagógica en los mismos.
❚❚ CALIDAD EDUCATIVA
Por esta causa, en 2016, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) le recomendó al país direccionar sus esfuerzos de política educativa en tres aspectos fundamentales:
1. Fortalecer la estructura del sistema para la atención integral a la primera infancia;
2. Garantizar el acceso universal y una transición exitosa a la escuela y 3. Mejorar los beneficios educativos en los servicios.
En 2017, de acuerdo con el DNP, existían 5.875.633 niños entre 0 y 6 años de edad. De ellos, el ICBF atendió aproximadamente 1.801.028 menores en distintas modalidades, entre integrales y tradicionales de educación inicial, mediante más de 74.390 unidades de servicio en el ámbito nacional.
Adicionalmente, la oferta pública y privada de educación preescolar atendió a 940.000 pequeños. Actualmente, el Gobierno no puede determinar con claridad el estado de la educación para los restantes 2.748.471 niños en primera infancia en términos de cobertura. Y tampoco puede hacer seguimiento a las condiciones de calidad en las que se ofrecen estos servicios, especialmente en el sector privado, dados los procesos de supervisión contractual que adelanta el ICBF en sus modalidades de atención.
También está ampliamente demostrado que los retornos sociales de la inversión en la primera infancia en el largo plazo tienen una relación directa con los altos niveles de calidad en la educación inicial.
Por esto y por el desconocimiento acerca de las condiciones de los servicios educativos, especialmente privados, se debe impulsar un sistema de monitoreo universal que delimite las responsabilidades de los actores, nacionales y locales, involucrados en esta etapa escolar. Y más importante aún, que trascienda los mecanismos tradicionales de inspección, vigilancia y control del sector educativo hacia un sistema de mejoramiento continuo.
Así las cosas, el país debe estar en condiciones de responder el ¿Qué?, el ¿Cómo?, y el ¿Dónde? de los servicios educativos dirigidos a los niños en primera infancia. Y desde ahí plantear sus metas en política educativa.
Por otro lado, este modelo tiene que materializarse con una concepción de calidad holística que trascienda las definiciones basadas en cumplir los estándares definidos por el Gobierno nacional y que, a su vez, enfrente los desafíos en términos de calidad pedagógica.
De acuerdo con el ministerio del ramo, en 2018, la calidad pedagógica en la modalidad de educación inicial institucional del ICBF (en su mayoría Centros de Desarrollo Infantil) estuvo en un nivel medio, en una escala de 2,33 sobre 4. Un aumento de una unidad en esta se asocia a mejores resultados en razonamiento lógico-matemático (+5,1 %), lenguaje (+7,9 %), funciones relacionadas con la memoria de trabajo y control (+11,7 %), habilidades para tomar responsabilidad por las acciones propias, ser empáticos y expresar sus emociones (+5,5 %) y menores comportamientos agresivos (-22,1 %).
Así mismo, el ministerio rescató la necesidad de promover prácticas pedagógicas fundamentales basadas en actividades de exploración del ambiente y en las que los niños se manifiesten por medio de la música y se expresen a través de las artes plásticas.
Si bien el país ha avanzado significativamente en el trabajo de consolidar orientaciones técnicas al respecto, aún falta recorrer un largo camino hacia su apropiación.
Lo anterior debería motivar una política de calidad educativa enfocada en fortalecer el talento humano y las condiciones que permitan potenciar las interacciones presentes en los servicios. Por ejemplo, que la maestra haga preguntas abiertas que conduzcan al pensamiento creativo de los niños; proporcione retroalimentación regularmente de manera positiva y promueva nuevas ideas; conecte el aprendizaje de los pequeños con sus experiencias, con lo que ya saben y con lo que pueden hacer y donde tengan autonomía para elegir actividades, entre otras.
Está demostrado que la educación inicial y preescolar no es un asunto netamente de cobertura, ni de exclusiva atención a la oferta pública. En Colombia tenemos grandes desafíos que nos involucran a todos, al Estado, a las familias y a la sociedad civil. Esto si queremos asegurar nuestro desarrollo como nación a largo plazo.