LOS AJUSTES DEL CAMBIO
Ya no somos un país de niños, explicó Mauricio Cárdenas en el Foro Semana Colombia 2020. Y dio estas cifras: de una edad promedio de 20 años en 1985, pasamos a 30 en 2018. La esperanza de vida pasó de 68 años, entre 1985 y 1990, a 76 años en el periodo comprendido de 2015 a 2020. Ante esta nueva realidad, ¿qué retos debe asumir el sector educativo?
No solo le corresponde consolidar una mayor cobertura y mejor calidad para la primera infancia y la enseñanza básica y media; también debe enfocar sus esfuerzos en la educación media y superior, con políticas que permitan afrontar los desafíos de un país que envejece más rápido de lo pensado.
Por ello, necesita más recursos para una formación técnica y universitaria que responda a las nuevas necesidades de un mercado laboral cambiante. Asimismo requiere avances en innovación y tecnología, docentes más cualificados en estas materias y competencias formativas pensadas para una vida más larga.
De otra parte, Bogotá y otras ciudades del país muestran una mejora notable en infraestructura gracias al esfuerzo de los gobiernos nacional y local por medio del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE). Esto significa más instituciones educativas en la periferia de las ciudades, que concentran la población de ingresos bajos. No obstante, persiste el déficit de infraestructura educativa de calidad. Según el Ministerio de Educación Nacional, el país se distribuye así: 91 por ciento de la población en zona urbana y el resto en las áreas rurales. Adicionalmente, 60,2 por ciento del déficit en el ámbito nacional se concentra en cinco departamentos (Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar y Córdoba). Los nuevos alcaldes y gobernadores tienen el reto de avanzar en este frente. E incluso ir más allá para progresar en acceso y permanencia mediante programas como la alimentación escolar, los subsidios y los planes de movilidad a fin de mantener la cobertura y evitar la deserción. En este punto resulta prioritario proteger los recursos y evitar la corrupción que ha prevalecido en estas áreas.
Para fortalecer a nuestros docentes, el eje central, necesitamos trascender el debate de su evaluación y del modelo educativo con que el maestro imparte conocimiento. El Gobierno ha hecho esfuerzos por introducir tecnología al salón de clase y fomentar la indagación y la autonomía, más que la repetición y memorización. Todo ello para crear mejores maneras de desarrollar competencias que respondan a las necesidades de un mercado laboral cambiante.
Así pues, financiar la educación superior implica un reto sustancial. Generación E, un programa valioso, tiene cobertura limitada. Al mismo tiempo, la universidad pública y el Sena enfrentan necesidades aún no cubiertas, a pesar de aumentos significativos de presupuesto. Al fin y al cabo, pasamos de 1,2 billones de pesos, en 2002, a 4,7 billones en 2020. Y el del Sena pasó de 603.000 millones de pesos, en 2002, a 3,6 billones en 2019.
Adicionalmente, el incremento en la esperanza de vida impone nuevos retos. En efecto, la gente requiere nuevas habilidades y conocimientos para trabajar durante más años en un mundo que se transforma constantemente.
Vale la pena advertir a estudiantes, profesores, rectores, investigadores, trabajadores, empresa y Estado: estamos ante una realidad en construcción.
¿Qué forma tomará? Eso dependerá de nuestras acciones presentes y futuras.