¿Una superintendencia de educación?
El reciente escándalo del Idexud, en la Universidad Distrital, reavivó el debate de la necesidad de crear esta entidad. Ya está en marcha un proyecto de ley para ello.
En octubre pasado, una noticia conmocionó a la comunidad de la Universidad Distrital. Las autoridades hallaron responsable al director de Extensión (Idexud) de la institución, Wilman Muñoz, por un posible desvío de recursos por casi 11.000 millones de pesos. Según las investigaciones, utilizó una tarjeta de crédito a nombre de la universidad para comprar joyas, pijamas, servicios de televisión y hacer transacciones en centros comerciales.
Esta situación hizo que los estudiantes entraran en paro por más de tres meses, lo que afectó gravemente el desarrollo de las actividades académicas. Y también reavivó un importante debate. En efecto, hoy más que nunca toma especial relevancia el
proyecto de ley 077 de 2019, radicado en el Congreso en agosto pasado por el senador liberal Iván Darío Agudelo. El texto tiene por objeto crear una superintendencia para el sector educativo, como ya existe para el de salud o comercio.
De acuerdo con Agudelo, no se trata de propiciar un Estado policivo y perseguidor, sino de contar con una institucionalidad capaz de construir una cultura preventiva. “Busca evitar que situaciones lamentables se hagan visibles cuando ya no haya más remedio que tomar acciones correctivas”, dice Agudelo.
“Con la superintendencia, el ministerio y las secretarías se podrán dedicar a su tarea esencial de orientar la educación del país y no a resolver múltiples problemas de tipo administrativo”.
De esta manera, la responsabilidad de vigilancia y control saldría del ministerio, que, cabe recordar, cuenta con la Subdirección de Inspección y Vigilancia, la cual tiene 42 funcionarios según datos de esa cartera.
Sin pronunciarse sobre la conveniencia de la nueva entidad de control, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, aseguró que el Gobierno ya prioriza la transparencia en todos los niveles del sistema educativo. Informó que, actualmente, están vigentes 39 medidas preventivas y de vigilancia especial a instituciones de educación superior, y adelanta 43 investigaciones administrativas. “Queremos lograr que las áreas de inspección y vigilancia, en todos los niveles de formación, vayan mejorando y den una respuesta oportuna a los maestros, estudiantes y a la sociedad”, dijo.
Para el senador Agudelo, teniendo en cuenta que el sector educativo tiene para este año un presupuesto de 44,1 billones de pesos (supera incluso al de Defensa), es imperativo contar con la entidad de vigilancia y control que propone.
El director del Observatorio de la Universidad Colombiana, Carlos Mario Lopera, está de acuerdo con la necesidad de tener un órgano que vigile los procesos educativos. “Los sectores de salud y financiero tienen su ministerio y su superintendencia respectiva, mientras que en educación no sucede lo mismo”.
En cambio, el rector de la Universidad Pedagógica, Leonardo Fabio Moreno, considera que una entidad de este tipo podría poner en jaque la autonomía universitaria. Para él, las superintendencias tienen la facultad de hacer recomendaciones sobre los procesos e inversiones que deben realizarse en las instituciones que vigilan, y “esto puede afectar las decisiones y posturas que deben ser tomadas”.
Así mismo, el proyecto estipula que la nueva superintendencia no solo controlaría instituciones educativas de los diferentes niveles, sino también el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Sobre esto, el experto en educación y pedagogo Julián de Zubiría considera que los casos de corrupción en el PAE comprueban la necesidad de crear una superintendencia de educación que vigile y evite estos problemas, para que las secretarías y el ministerio se dediquen exclusivamente a orientar la educación del país. Para De Zubiría, “en las instituciones educativas pasa algo muy similar, y los rectores terminan concentrados en atender procesos legales y administrativos, abandonando por completo sus tareas esenciales: crear comunidad y liderar la formación integral de sus estudiantes. Mientras no resolvamos esto, seguiremos dando palos de ciego en la calidad de la educación”. La ministra recordó que el ministerio puede imponer sanciones de carácter administrativo a las instituciones y personas que en ellas trabajan. Recordó que ella, como secretaria de Educación de Bogotá, denunció e hizo seguimiento al caso del Idexud, y que la Subdirección de Vigilancia hizo lo propio durante el año pasado.
Esta discusión no es nueva. A finales de 2014, cuando salieron a la luz los malos manejos en la Fundación Universitaria San Martín, el mismo proyecto se convirtió en la Ley 1740 de 2014, declarado inexequible por la Corte Constitucional porque consideró que el legislador no podía poner un plazo de un año para crear esta superintendencia, ya que eso significaba condicionar la facultad del Gobierno. Ahora la iniciativa del senador Agudelo deberá cursar los cuatro debates en el Congreso para convertirse en ley. ¿Lo logrará?