Los cambios que se avecinan para la acreditación de alta calidad

El ministerio trabaja en actualizar el modelo de acreditación para madurar aspectos como la diversidad institucional, el buen gobierno y los objetivos académicos.

El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) indica que hay 360 instituciones de educación superior (IES) en Colombia, pero solo 89 están acreditadas como de alta calidad. Además, de 11.328 programas académicos en el territorio nacional, solo 1.677 cuentan con ese sello. Este evalúa el cumplimiento de los objetivos y la pertinencia de la oferta académica, el bienestar, el desarrollo de la investigación, la innovación y la creación artística y cultural.

Con el fin de actualizar la manera como se ha medido la actividad en su nivel superior, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) convocó en 2018 y 2019 a 29 talleres denominados La Calidad es de Todos. Allí participaron al menos 600 representantes de 247 IES del país.

La idea, según manifiesta la ministra María Victoria Angulo, fue “dar respuesta a las dinámicas y tendencias globales, que evidencian la necesidad de reestructurar un sistema de aseguramiento de la calidad basado en resultados de aprendizaje, que sea incluyente y articulado, que reconozca y promueva la diversidad”.

A dichos encuentros también asistieron el Consejo Nacional de Educación Superior, el Consejo Nacional de Acreditación y la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Conaces). Como resultado, crearon las bases del Decreto 1330 del 25 de julio de 2019, que establece las condiciones de calidad para el registro calificado, “donde no solo se evalúan las capacidades y los procesos de las instituciones y programas académicos, sino los resultados académicos que vinculan el aprendizaje de los estudiantes”, explica Angulo.

Para Javier Duván Amado Acosta, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con Formación Técnica Profesional, Tecnológica o Universitaria (Aciet), el país ha dado buenos pasos en este sentido. Por eso, en los próximos tres años las instituciones que hacen falta deberían dar el salto hacia la calidad.

“El Decreto 1330 consideró la naturaleza y las diferencias entre los programas. Por ejemplo, si dos universidades ofrecen administración de empresas, ya sea cerca del mar o cerca de una zona selvática, pero una es una institución muy antigua y la otra, muy reciente, ambas deberán ser evaluadas desde su énfasis, su aporte de valor a la sociedad y sus diferencias en recursos y capital humano”, explica.

Por su parte, Carlos Mario Molina Betancur, director de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade), opina que dicha legislación, aunque completa, “se queda corta en materia de solicitud de registros calificados

de instituciones técnicas y tecnológicas, así como en materia de programas y universidades que solicitan registros virtuales o reconocimiento en acreditación”.

DIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN Y EGRESADOS

Por eso, el ministerio trabaja en actualizar el modelo de acreditación en alta calidad, que contempla aspectos transversales. Entre ellos están la diversidad de las instituciones –por la gente que atiende y la localización geográfica–; el reconocimiento de la oferta académica, cualquiera sea su modalidad (presencial, a distancia, virtual, dual u otros desarrollos que los combinen e integren); la incorporación de los principios de buen gobierno; y, por supuesto, la alta calidad y pertinencia en el cumplimiento de sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión.

“Una de las grandes críticas que se hace a la actual legislación es no haber tenido en cuenta las realidades socioeconómicas y geográficas de algunos territorios alejados de los grandes centros urbanos, como San Andrés, el noreste de La Guajira, el Pacífico, la Orinoquia y la Amazonia, donde no hay cobertura de educación superior, o si existe, puede encontrarse a horas”, comenta Molina. De ahí que, “con tan grandes diferencias territoriales y socioeconómicas, la legislación actual debería tener una reglamentación especial para medir de forma diferente las 15 condiciones de calidad al momento de obtener un registro calificado o una acreditación en programas o instituciones”, enfatiza.

La apuesta por asegurar la calidad resulta ambiciosa si se tienen en cuenta otros aspectos. Entre estos, la tasa de cobertura en educación superior –que se ubica en 53 por ciento– y la tasa de desocupación en América Latina, que fue de casi 20 por ciento en el tercer trimestre de 2019, lo que significa que uno de cada cinco jóvenes no consigue empleo en la región. Este es el porcentaje más alto registrado en la última década, según la Organización Internacional del Trabajo.

A propósito, el director ejecutivo de Aciet hace énfasis en apoyar la vida laboral de los estudiantes mediante la integración del Servicio Público de Empleo con el trabajo de las IES. “Las vacantes no llegan a las universidades, y las universidades tienen sus propias bolsas de empleo, es decir que no dialogan entre sí. Los jóvenes deben vincularse a una vacante desde que son estudiantes, pero, mientras estemos dispersos, no lo vamos a lograr”, apunta Javier Amado.

Tampoco se puede dejar a un lado la investigación. Hay material en las instituciones de educación superior, no obstante, como resalta Amado, se ha quedado guardado. “Se requieren espacios de interrelación para transferir conocimiento a la sociedad, esperamos que el Ministerio de Ciencia se esfuerce por generarlos”.

Para atender el desafío, emprenderán entonces un trabajo articulado, que tenga en cuenta tanto los registros calificados como las acreditaciones de alta calidad. “Así, se fortalecerá la confianza en el Sistema Nacional de Acreditación, mediante la autorregulación de las instituciones y los programas académicos acreditados, en armonía con las dinámicas sociales, culturales, científicas, tecnológicas y de innovación”, concluyó la ministra.

El ministerio expide la acreditación de alta calidad a las universidades o los programas académicos que cumplen estándares superiores a los exigidos para obtener la licencia de funcionamiento.