José Leibovich
Colombia es varios países a la vez, a juzgar por el nivel de desarrollo de sus territorios. Una mirada particular muestra que el ingreso per cápita promedio mensual en la ruralidad fue de 310.275 pesos mensuales en 2018, inferior en más del 50 por ciento al de las áreas urbanas, que alcanzó 787.332 pesos. De manera correspondiente, la incidencia de la pobreza monetaria en las áreas rurales fue de 36,1 por ciento, 48 por ciento superior a la de las áreas urbanas, con 24,4 por ciento (Dane,2019).
No sorprende entonces que cada vez seamos un país más urbano, por la migración de habitantes rurales a las ciudades buscando mejores oportunidades de empleo, ingreso, educación y ante el desplazamiento forzado. El último Censo de Población (Dane,2018) reporta que el 22,9 por ciento de la población del país, esto es 11 millones, vive en áreas rurales, mientras que la población urbana llega a representar el 77,1 por ciento, con 37,2 millones. Esa proporción era 50-50 a mediados del siglo pasado.
Si como sociedad estamos dispuestos a mantener estos dos países debemos ser conscientes de que la migración a las ciudades continuará, exacerbando los barrios de invasión, la informalidad y las deseconomías por la exagerada aglomeración de población en las ciudades. En contraste, vastas zonas rurales quedarán relativamente despobladas y, dada la ausencia de Estado, seguirán dominando allí grupos ilegales.
Por el contrario, si como sociedad estamos dispuestos a corregir esta dicotomía, deberíamos poner en marcha una agenda ambiciosa de desarrollo rural. Esa agenda tiene muchos elementos. En el presente escrito llamo la atención sobre la educación rural, particularmente afectada por las medidas tomadas por las autoridades para neutralizar los contagios de covid-19.
El avance en educación rural en Colombia es claramente insuficiente. El porcentaje de población rural con educación universitaria pasó del 2,2 por ciento en 2002 a 4,9 por ciento en 2018 y el de educación secundaria y media de 23 por ciento a 34,8 por ciento. Por el contrario, la población con educación primaria disminuyó del 59 por ciento al 45 por ciento. Con estos resultados, los años de educación promedio de la población rural en edad de trabajar pasó de 4,2 años en 2002 a 6,1 años en 2018. En contraste, en las áreas urbanas el cambio fue de 8 años a 9,8 (Dane, 2018). Extrapolando, ¡a este ritmo el promedio de años de educación de la población rural podría llegar a 11 años (secundaria completa) en 40 años!
Pero el asunto no solo es de cobertura, sino de calidad. Los últimos resultados de las pruebas Pisa de 2018 muestran una brecha importante en Lectura, Matemáticas y Ciencias entre las grandes ciudades y la ruralidad. Mientras que en las primeras el puntaje promedio fue de 430, en la segunda alcanzó 370 puntos. Esa diferencia es equivalente a que el promedio de años de educación en la ruralidad sea un año menos, es decir 5,1 años.
Si queremos modificar este estado de cosas, no podemos seguir haciendo lo mismo. Es urgente implementar la educación virtual en el campo, que se impuso como alternativa debido a la pandemia, y para ello es menester la conectividad de internet en la ruralidad y que los estudiantes cuenten con computadores. Tener una política educativa para la población rural debería ser un propósito nacional, que lidere el Ministerio de Educación con inversiones en infraestructura educativa, en capacitación de maestros y mejora en sus remuneraciones, en los contenidos, en materiales, en transformación digital para usar las nuevas tecnologías de la información y mejoría en la red vial terciaria. Solo cuando tengamos mejor educación en el campo podremos tener mayor productividad, mejores ingresos, mayor bienestar, menor desigualdad, menor migración.
El avance en educación rural en Colombia es claramente insuficiente. El porcentaje de población rural con educación universitaria pasó del 2,2 por ciento en 2002 a 4,9 por en 2018.