Y sin ceremonia de grado... ¿qué pasa?
Muchos estudiantes que culminan sus estudios han reclamado descuentos en los derechos de grado. En efecto, por las medidas de bioseguridad las universidades no pudieron hacer las ceremonias.
El grado, sin duda, es el momento más esperado por los universitarios. Llegar a la ceremonia con la toga y el birrete, recibir el diploma mientras familiares y amigos observan orgullosos. No obstante, por las medidas de aislamiento social del Gobierno para evitar la propagación del coronavirus, los eventos masivos en todo el país fueron cancelados, entre ellos las ceremonias de grado y miles de graduandos en todo el país no pudieron tener la tradicional ceremonia.
En lugar de los elegantes salones donde se realizaban estos eventos, las universidades buscaron alternativas, como las ceremonias virtuales por plataformas de video, o el envío de documentos por correo certificado. Todos los estudiantes quedaron graduados oficialmente, ya que recibieron los documentos del caso, acta y diploma, por diferentes vías. Sin embargo en redes sociales muchos se han quejado por el cobro pleno de los derechos de grado, pese a que no hubo ni habrá ceremonias, al menos en el corto plazo.
“No entiendo por qué tienen que cobrar el 100 por ciento de los derechos de grado, si muchos no vamos a tener ceremonia de graduación y con toda seguridad eso tiene un valor en lo que nos cobran”, dice Lina Tovar, estudiante de posgrado en la Universidad Sergio Arboleda, quien pagó alrededor de 770.000 pesos por este requisito para graduarse.
Una estudiante de Derecho de la Universidad Militar, quien canceló 520.000 pesos por derechos de grado, dice que si bien en su institución les hicieron un descuento del 20 por ciento sobre el valor pleno, considera que lo pagado aún es costoso teniendo en cuenta las circunstancias actuales. “Uno ve otras universidades que hicieron descuentos mucho más grandes, hasta de más de la mitad. ¿Por qué unas sí pueden y otras no?”, cuestiona la hoy abogada.
El valor de los derechos de grado entre universidades es muy distinto. Mientras en el Politécnico Grancolombiano valen 412.000 pesos, en la Universidad Javeriana y en la del Rosario cuestan 612.000 y 814.000 pesos, respectivamente. Esta situación se ve en todas las instituciones de educación superior, que tienen valores que oscilan entre 320.000 y un millón de pesos, cuando se hacen ceremonias privadas.
De acuerdo con el secretario general de la Javeriana, Jairo Cifuentes, debido a la situación actual se les dio a los estudiantes
libertad de escoger si esperaban una ceremonia y pagar el valor pleno, o pagar solo el 40 por ciento del valor y recibir el diploma y el acta vía digital, y, una vez pase la cuarentena, reclamar los documentos físicos en la institución. “Los documentos que se envían vía digital tienen completa validez para cualquier proceso. Decidimos descontar el 60 por ciento porque, según el área financiera, ese es el porcentaje del total de los derechos que nos cuesta la ceremonia, el resto es el valor de los procesos de verificación y custodia”, explicó.
En el caso de la Universidad del Rosario, la secretaria general, Catalina Lleras, explicó que por la cancelación de las ceremonias la institución decidió descontar el 40 por ciento de los 884.000 pesos. “Les dimos esa opción a los graduandos, que, debido a la situación, ya no querían participar de la ceremonia (...) El 40 por ciento que se les descuenta equivale a lo que nos cuesta hacer las ceremonias, que son actos muy solemnes que se hacen en nuestras instalaciones”, afirmó.
Entre tanto, el secretario general de la Universidad Sergio Arboleda, Juan Carlos Cárdenas, dijo que en esa institución el valor de los derechos de grado no está asociado a la realización de una ceremonia, sino a una labor notarial de verificación, custodia, seguridad y expedición, labor que se debe hacer por toda la vida: “Los valores pecuniarios relativos a tales derechos están asociados a la ejecución de los procedimientos administrativos, que se realizan de manera articulada durante más de 91 días, en los que intervienen cinco dependencias de la universidad”, explicó.
Esta disparidad en el cobro de los derechos de grado llevó a que el año pasado, en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, se presentara el proyecto de Ley 248, que busca modificar el Artículo 122 de la Ley 30 de 1992, el cual determina el costo de los derechos de grado, matrícula, inscripción y otros derechos pecuniarios.
Este proyecto, que ya pasó a Plenaria de Cámara de Representantes para su discusión y votación, dice que el valor de los derechos de grado, por ser un derecho inherente al logro académico alcanzado por la culminación de un programa de formación universitaria conforme a la ley, no podrá superar el costo real de elaboración del respectivo diploma con las medidas de seguridad y protección debidas.
Aquileo Medina, representante por el Tolima, y ponente del proyecto, precisó que en las universidades los derechos pecuniarios son fijados en virtud de los Acuerdos Superiores y Resoluciones Rectorales que dictan las mismas instituciones, en el marco de su autonomía universitaria, y si bien la jurisprudencia constitucional ha dejado sentado su precedente en el sentido de que este cobro es exigible y no se debe pedir que sea gratuito, sí debe haber mayor control. “La autonomía universitaria también se limita por la inspección y vigilancia de la educación que ejerce el Estado”, dice el representante, quien fue rector de una institución de educación superior en el Tolima.
Los secretarios coincidieron en que cada universidad puede manejar distintos costos por este concepto; sin embargo, recalcaron que no se puede decir que este valor solo sea el correspondiente a la impresión de los papeles, “hay una labor notarial importante”, agregó Cárdenas.
Se esperaba que el proyecto se debatiera a mediados de mayo, pero con la crisis generada por el coronavirus aún no hay fechas claras para ello. Por el momento, la discordia entre estudiantes continuará. “Realmente siento que la universidad pudo tomar decisiones similares a las de otras instituciones, más teniendo en cuenta la situación actual”, concluyó la estudiante Tovar.
“El valor de los derechos de grado, por ser un derecho inherente al logro académico, no podrá superar el costo real de elaboración del respectivo diploma con las medidas de seguridad y protección debidas”.
Aquileo Medina, representante a la Cámara