Opinión Carlos Echeverri
La emergencia generada por la covid-19 en el ámbito mundial afectó diferentes aspectos de la vida humana, y la educación no es la excepción. Los Gobiernos han ido reaccionando a medida que el avance del virus se esparce por los territorios. Las medidas incluyen el cierre de los establecimientos educativos públicos y privados.
Unesco reporta cierre de escuelas causado por la covid-19, en mayo hubo cerca de 1.186 millones de estudiantes afectados en el mundo; para Colombia, alrededor de 12 millones, de los cuales el 80 por ciento se encuentra entre los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Lo anterior significa que niños, niñas y jóvenes interrumpieron abruptamente su proceso educativo regular desde el pasado 16 de marzo y hoy desarrollan un proceso de educación en casa, con mayor o menor éxito, según sus condiciones sociales y de vulnerabilidad.
El país ha implementado medidas para buscar responder en términos del proceso académico de los estudiantes; un tema que tiene retos importantes y que no está resuelto, sobre todo cuando las dificultades que presentan los estudiantes de las zonas rurales y urbano-marginales para acceder a los materiales virtuales, en radio y televisión están a la orden del día. En la mayoría de las instituciones educativas la medida de respuesta ha sido la entrega de guías físicas, es decir, trasladar el aula de clase a la casa sin aplicar las flexibilizaciones, mediaciones y adaptaciones necesarias.
Debemos preguntarnos si la escuela estaba desarrollando las competencias necesarias en los estudiantes para que en circunstancias como las actuales pudieran avanzar con un proceso efectivo de trabajo en casa. En los niños y niñas de preescolar y básica primaria es difícil pensar que los padres de familia o cuidadores puedan asumir un rol de docentes para el cual no están capacitados, y que guiar el desarrollo de las actividades escolares en casa pueda ser un espacio de construcción de relaciones efectivas familiares. En secundaria y media, pensar si en efecto los estudiantes cuentan con la autonomía e interés necesarios para este reto formativo.
El país se prepara para una etapa de alternancia educativa propuesta desde el Gobierno nacional, que en su implementación depende de las realidades de cada municipio para garantizar las condiciones de bioseguridad necesarias a fin de activar las infraestructuras educativas. Las familias están divididas respecto al riesgo que podrían significar las escuelas como escenario de contagio. Igualmente, los docentes y directivos están discutiendo no solo la forma de operar, sino también cómo establecer metodologías adecuadas para esta etapa, desde qué y cómo enseñar, y qué y cómo evaluar. Podríamos también abordar la discusión sobre la reprobación en un contexto como el actual, un tema sobre el que poco se ha hablado.
Es una realidad difícil la que afronta el país. Mantener las escuelas cerradas es desconocer el papel que tienen como espacio protector y garante de derechos, lo que significa que debemos pensar más allá de las infraestructuras y avanzar en otras modalidades distintas a las presenciales. Se han adelantado acciones para buscar de diferentes formas garantizar la trayectoria en el sistema educativo tradicional; sin embargo, la población no escolarizada – incluidos migrantes, al igual que niños y niñas matriculados que a la fecha no han accedido a ningún tipo de recurso educativo– se enfrenta hoy a un derecho vulnerado, expuesta al trabajo infantil, violencia intrafamiliar, inseguridad alimentaria, entre otras condiciones que se han agravado con la emergencia, evidenciando el reto fundamental de educarse en uno de los países más desiguales del mundo. Colombia cuenta con experiencias importantes en estrategias educativas flexibles. Es momento de aprovechar ese conocimiento para potenciar la alternancia educativa, para promover acciones que garanticen el derecho a la educación con una apuesta que logre vincular a las familias, capacitar a los docentes y repensar no solo los esquemas de prestación del servicio educativo, sino también el para qué de la escuela.
Mantener las escuelas cerradas es desconocer el papel que tienen como espacio protector y garante de derechos, lo que significa que debemos pensar más allá de las infraestructuras.