Financiación, el dilema en Planes Integrales de Urabá
En los cuatro municipios del Eje Bananero se tienen los llamados PMI, pero el único con recursos es el de Turbo.
En algunas poblaciones de Urabá hay planes de transformación, pero faltan los recursos y su ejecución es un dilema para los mandatarios.
Es lo que sucede en Apartadó y Chigorodó, donde aún no se define el origen de los dineros para la ejecución de los PMI -Planes Municipales Integrales-, que fueron concebidos en la estrategia de la Gobernación actual de darle prioridades a esta región, que por años sufrió la peor violencia y fue objeto de los mayores olvidos.
En Turbo, el PMI ya tiene recursos por $18.000 millones, los cuales fueron aprobados en diciembre por un crédito de vigencias futuras por el Sistema Nacional de Regalías, ejemplo único en el país y que le permitirá ejecutar la recuperación del Wafe, el puerto de embarque hacia el Chocó y que a lo largo de los años ha sufrido deterioro, tanto de la calidad de sus aguas como de la infraestructura alrededor.
Los PMI fueron diseñados por el grupo Urbam, de la universidad Eafit, e incluyeron a los cuatro municipios del Eje Bananero -Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó-.
“Los planes fueron definidos con las mismas comunidades, que le dieron prioridad a las obras que más necesitaban”, explicó Daniel Carvalho, integrante del grupo Urbam.
Los diseños y ejecución de los proyectos incluidos en cada PMI corren por cuenta de las localidades y cada una deberá gestionar los recursos para ejecutarlos.
Carepa, primera fase
Así, por ejemplo, en Carepa la comunidad optó por buscarle solución al constante problema de las inundaciones y se propuso conformar un espacio arborizado que les diera drenaje a las aguas.
Peterson Tréllez, director local de Planeación, explicó que, igual que Turbo, su localidad dispone de $ 4.700 millones para ejecutar la mitad del plan.
“Se hará una doble calzada que aportará movilidad, urbanismo y mejor entorno, pero se incluirán tuberías subterráneas y un canal a cielo abierto que permitirá evacuar gran parte de la escorrentía superficial del municipio, que se inunda mucho”, detalló.
El plan total vale $11.000 millones, pero solo hay para ejecutar la primera etapa.
En Apartadó la prioridad es mejorar la movilidad urbana, con la ejecución de varias circunvalares que le quitarán carga a la vía al Mar, la cual registra alta accidentalidad y contaminación.
Gustavo Medina, director de Planeación, señala que la prioridad es construir el puente sobre el río Apartadó, que tiene un costo de $5.000 millones y que es la obra fundamental del PMI.
“El plan total son 25 obras, algunas ya están en ejecución, como un puente peatonal sobre el río y el parque estadio Catherine Ibargüen, que se están construyendo”, comentó.
De regalías sólo tienen $2.000 millones, pero aún es incierto si se destinarán a mejorar la infraestructura en salud o a emprender la construcción del puente.
En Chigorodó, donde el río conserva condiciones ambientales cercanas al ideal de un afluente, se hará un proyecto urbanístico aprovechando que la población crece al otro lado del mismo.
El río será el eje del espacio público, según lo acordado con la comunidad, que participó activamente en la elaboración y definición de los proyectos.
Estos se trabajan de la mano con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, Idea, que los enmarca dentro de todo el proyecto de desarrollo para la región e incluye los temas educativo, vial y las nuevas vocaciones.
En lo educativo se ha cumplido con proyectos como la nueva sede de la Universidad de Antioquia en Apartadó y el mejoramiento a la sede de Turbo, así como la inclusión de parques educativos en seis municipios.
Proyectos como el Neo y los planes de empleabilidad y emprendimiento, con aliados como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y la Comisión Europea, hacen parte de la misma estrategia de redimensionar esta región.
Fuentes de la entidad expresaron que aunque los planes de Chigorodó y Apartadó no tienen definidas las fuentes de financiación, se están buscando las alternativas, pues todos fueron avalados por las mismas comunidades, que fueron las que dilucidaron, con Urbam, cuáles eran las prioridades