CUANDO UN TRAJE DE BAÑO ES UNA AMENAZA
Quince pueblos en Francia han prohibido el traje de baño de cuerpo entero que llevan algunas mujeres musulmanas y que es llamado el ‘ burkini’, citando preocupaciones de orden público y seguridad. Según la ordenanza en Cannes, “es probable que atuendo playero que ostentosamente demuestra una afi- liación religiosa, mientras Francia y otros lugares de alabanza son el blanco de actos terroristas, genere riesgos al orden público”.
¿Cómo pueden pantalones, una camisa de manga larga y una cubierta para la cabeza hecho de material de trajes de baño amenazar la seguridad pública?
Según el primer ministro de Francia, Manuel Valls, el traje es parte de la “esclavización de mujeres”. En una entrevista para un periódico, el alcalde de Cannes, David Lisnard, dijo que “el burkini es el uniforme del islamismo extremo, no de la religión musulmana”.
Estas explicaciones pueden parecer absurdas, pero Valls y Lisnard resumieron perfectamente dos lógicas contradictorias de orden público que utilizan las cortes europeas tan altas como la Corte Europea de Derechos Humanos cuando se trata de mujeres musulmanas en traje religioso.
En la medida en que estos políticos franceses calculaban sus riesgos legales al prohibir los burkinis, tenían que saber que la Corte Europea de Derechos Humanos, la cual rutina- riamente ha ratificado a cortes más bajas en estos asuntos, estaría de su lado si citaban preocupaciones de orden público.
La misma lógica ha sido utilizada para negarle a una maestra de escuela el derecho a portar su velo en el salón de clase, y prohibir a una estudiante universitaria presentar un examen mientras llevaba su velo.
El artículo 9 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos es la provisión clave, y enuncia una amplia concepción del “derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión” en los 47 estados miembros del Consejo de Europa; esto incluye el derecho que tiene una persona “en público o privado, de manifestar su religión o creencia, en alabanza, enseñanza, práctica y observancia”. Sin embargo, una cláusula posterior permite excepciones, límites sobre la manifestación de creencia como “necesaria en una sociedad democrática para la seguridad pública, la protección del orden público, salud o moralidad, o para la protección de los derechos y las libertades de los demás”.
La jurisprudencia ha sido constante a través de los años. En el 2001, en Dahlab v. Suiza la corte sostuvo que para los jóvenes estudiantes, ver a sus maestras portando el velo podría ser coercitivo porque “portar el velo puede tener algún tipo de efecto proselitista”.
La corte decidió que una mujer portando el hijab no puede comunicar el “mensaje de tolerancia, respeto por los demás y por encima de todo, igualdad e imparcialidad que todos los maestros en una sociedad democrática tienen que comunicar a sus alumnos”.
En el caso Sahin v. Turquía del 2005, la corte manejó una demanda de libertad religiosa por parte de una mujer a quien le fue prohibido por el gobierno turco presentar un examen universitario mientras portaba su velo. La corte reiteró sus razones de Dahlab, explicando que al sostener la prohibición ayudaba a promover igualdad de género. También ayudaba a promover el interés de Turquía por “luchar contra el extremismo”. Aquí de nuevo la mujer en atuendo religioso era simultáneamente víctima y amenaza.
La misma lógica torcida está en juego en las ordenanzas francesas en contra del burkini. Para un espectador americano, dichas prohibiciones probablemente parecen una obvia restricción sobre la libertad religiosa, o la libertad en general, pero lo que es impactante es que al apoyarlas, la jurisprudencia europea habla en el lenguaje de los derechos humanos. Al disfrazar el prejuicio y el temor con el lenguaje de las excepciones al artículo 9, la corte en efecto usa las leyes de los derechos humanos para limitar los derechos humanos
Algunos pueblos de Francia han prohibido el “burkini”, traje de baño de cuerpo entero que llevan algunas mujeres musulmanas.