El Colombiano

Centro D. demandará auto del Consejo de Estado

- Por ÓSCAR ANDRÉS SÁNCHEZ Á.

Una vez termine la vacancia judicial, el Centro Democrátic­o (CD) interpondr­á recursos ante Consejo de Estado contra el auto de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, del mismo tribunal, quien admitió una demanda de nulidad contra los resultados del plebiscito, por considerar que el No ganó con engaños.

Esta disposició­n fue calificada por el expresiden­te y senador Álvaro Uribe como un abuso de poder por parte de la magistrada Bermúdez, pues descalific­a el criterio de 6 millones y medio de votantes.

“¿Acaso es mentira la elegibilid­ad de Timochenko? ¿Acaso es mentira la impunidad? La magistrada no tiene en cuenta los abusos del Gobierno: bajaron el umbral del 50 al 13 %, una sola pregunta, el presidente nos amenazó con una guerra urbana”, expresó Uribe.

El CD piensa en una acción popular, “para hacer respetar páginas tiene al auto publicado ayer por el Consejo de Estado. La demanda se interpuso la semana pasada.

la moralidad pública” de los votantes. También contemplan un acción penal, porque consideran que Bermúdez obró con criterio político.

¿Conflicto de intereses?

El senador Alfredo Ramos (CD) denunció que es sospechoso que tanto el esposo como la hija de la magistrada Bermúdez sean contratist­as del Gobierno, pues según él, existe un contrato de Carlos Arturo Gálvez Argote, esposo de la togada, por 150 millones de pesos con Ecopetrol; y de su hija, Laura Jeannette, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. “Eso se ve muy delicado ante la opinión pública”.

Por su parte el senador Carlos Felipe Mejía (CD) precisó que es una arbitrarie­dad de la magistrada, que “demuestra que Santos controla el Legislativ­o y las Cortes”.

De igual manera, el Centro Democrátic­o expresó que el Consejo de Estado no es competente para tomar decisiones frente a actos legislativ­os ni f leyes. “Solamente es competente para conocer de los actos administra­tivos. La magistrada, con su decisión, invade la órbita de competenci­a de la Corte Constituci­onal”

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