Invasión de ranchos en la quebrada La Iguaná
Mientras crece el número de ranchos a orillas de la quebrada, una tutela frena la demolición del asentamiento.
Pese a las denuncias del año pasado de este periódico, al menos 30 ranchos continúan invadiendo la orilla norte de la quebrada La Iguaná, cerca a la Universidad Nacional. No hay acciones de reubicación.
Desde el puente de la calle 54 que pasa sobre la quebrada La Iguaná, en Medellín, se pueden observar en la orilla norte al menos 30 ranchos de invasión. Allí viven decenas de familias que se mantienen en la incertidumbre porque cualquier día la quebrada puede arrasar sus “casas”.
“Cuando llueve duro nos toca salir de los ranchos porque la quebrada se crece. Con tristeza e impotencia nos toca pararnos a esperar a ver si la corriente arrasa con todo. La última vez se llevó el lavadero y los tanques de agua”, cuenta María Díaz, quien llegó desplazada desde Caucasia con sus cinco hijos, y no tuvo más remedio que instalarse en este asentamiento ilegal.
Desde entonces vive al lado de otras 30 familias, en su mayoría víctimas del conflicto armado colombiano, que se encuentran en condiciones precarias de salubridad. El agua y la electricidad las traen a través de conexiones irregulares de un barrio cercano.
Además de preocuparse por la comida diaria para sus hijos, y que la quebrada no se lleve su rancho, María también tiene que estar atenta porque la conexión eléctrica ilegal puede generar un corto circuito y producir un incendio que destruya toda la ranchería, como ha pasado en varias zonas de invasión de la ciudad.
De sus cinco hijos, ahora solo vive con dos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se llevó temporalmente a tres de ellos por las condiciones en las que vivían los menores. Le dijeron que cuando su situación mejore, podrá recuperar la tenencia de los niños.
Los habitantes de los ranchos manifestaron que no les han dado información con respecto a su reubicación. Aunque los han visitado y los han censado en varias ocasiones, la situación sigue siendo la misma que cuando llegaron a instalarse a la quebrada.
Reubicación frenada
La zona está declarada en el POT como inhabitable, por ser propensa a inundaciones y por la inestabilidad del terreno. Sin embargo, el fallo de un juez por una tutela instaurada por María Sonibel Quinchía, líder de la ranchería, impide a la Inspección de Policía desalojar a estas familias.
Gloria Patricia Arango, inspectora de Policía de la zona, asegura que con el fallo, primero se debe reasentar a las familias antes de proceder con la demolición de los ranchos.
EL COLOMBIANO conoció un oficio con los requisitos emitidos por el Instituto Social de vivienda y Hábitat de Medellín (Insvimed) para que las familias puedan acceder a subsidios de vivienda. Entre ellos se estipula que las familias deben residir como mínimo hace seis años en Medellín. A los habitantes de los ranchos les faltaría un año para acceder a los subsidios.
Se espera que con las denuncias que este diario viene haciendo desde junio del año pasado, la Alcaldía tome acciones efectivas y eficaces para solucionar este problema, y brindarle atención a estas personas, en especial a los niños que están expuestos a tantos riesgos en la ranchería
“No se puede intervenir ese espacio hasta que no haya claridad respecto a la reubicación de quienes viven allí”. GLORIA PATRICIA ARANGO Inspectora de Policía de la zona.