EDITORIAL
Por mucho que se piense que las crisis en Venezuela no pueden agudizarse más, siempre los hechos muestran que la escalada de radicalización puede ser mayor. El chavismo aprieta más las tuercas.
“Por mucho que se piense que las crisis en Venezuela no pueden agudizarse más, siempre los hechos muestran que la escalada de radicalización puede ser mayor. El chavismo aprieta más las tuercas”.
No hay ni habrá tregua política en Venezuela. Aunque el último día de 2016 fueron liberados por el régimen siete presos políticos, entre ellos el excandidato presidencial Manuel Rosales, los canales de diálogo que han intentado expresidentes iberoamericanos y la Secretaría de Estado del Vaticano no han abierto vías de entendimiento, ni mucho menos salidas democráticas al agudo choque entre el chavismo gobernante y controlador de casi todos los resortes de los poderes públicos, y la oposición.
La oposición, precisamente, comienza a dar muestras de agotamiento y desorientación. Ante la aplanadora chavista y la agresividad gubernamental exacerbada de forma permanente por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, los líderes opositores oscilan entre persistir en algún tipo de diálogo con el Gobierno, o irse, por el contrario, a una confrontación total valiéndose de sus mayorías en la Asamblea Nacional.
En el poder legislativo la oposición tiene mayoría, y esta semana se dio un relevo en su mesa directiva. Salió de la presidencia Henry Ramos Allup y ayer asumió Julio Borges. Sus primeros anuncios llegaron cargados de dinamita política: “En los próximos días aprobaremos en la Asamblea Nacional la declaratoria de abandono del cargo de Nicolás Maduro”. Fundamenta la decisión en el largo y estremecedor listado de las penalidades que sufren los venezolanos, la primera de ellas, más que la escasez de alimentos y medicinas, la precariedad del derecho a la vida. Venezuela es hoy el segundo país más violento del mundo, según el Observatorio Venezolano de Violencia.
La Asamblea Nacional, no obstante contar con mayoría opositora, se encuentra bloqueada por decisiones del Tribunal Supremo y del Consejo Electoral, controlados por el chavismo. Los órganos de justicia la acusan de desacato y anulan sistemáticamente sus decisiones. Y esos mismos tribunales son los que, guiados por el Ejecutivo, han hecho imposible la celebración del referendo revocatorio para el cual la oposición recogió con creces el número requerido de firmas.
El pasado diciembre debieron haberse realizado elecciones regionales y locales, y por una decisión del Gobierno no se hicieron. Los mandatarios, casi todos adscritos al chavis- mo, siguen ejerciendo sus funciones, con los períodos vencidos y sin renovación popular del mandato mediante el voto.
Mientras tanto, el presidente Maduro fue explícito con su mensaje del miércoles al nombrar diez nuevos ministros y al vicepresidente Ejecutivo, quien lo reemplazaría en caso de falta absoluta. El segundo del Ejecutivo será un radical, Tareck El Aissami, ex ministro del Interior mencionado en múltiples expedientes como cómplice de actividades de narcotráfico.
El Gobierno de Venezuela tiene 28 ministros. Quedan un vicepresidente Ejecutivo y cuatro vicepresidentes más en diferentes carteras, tales como “Misiones Socialistas”, “Soberanía Política y Paz” o “Socialismo Territorial”. Hay ministerios para “Agricultura Urbana”, “Aguas y Ecosocialismo”, “Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas” o “Transporte Acuático y Aéreo”.
Existen tantas unidades burocráticas mientras casi nada de lo que tendría que funcionar, funciona. El riesgo de explosión social es permanente y la virulencia en el discurso atiza un ánimo permanente de agresión. El 2017, para Venezuela, pinta muy mal