Odebrecht, ¿y ahora?
El ministro de Transporte, Jorge E. Rojas, le pidió a la Fiscalía recuperar los dineros entregados en sobornos.
El Ministerio de Transporte le pidió a la Fiscalía General de la Nación establecer pronto quiénes son las otras personas implicadas en los sobornos de Odebrecht. Expertos recomiendan que no se paren las obras y que el Estado recupere esos dineros. En la imagen, el intercambiador de Caño Alegre, en la etapa II de la Ruta del Sol, construida por la empresa brasileña.
Iniciar cuanto antes un proceso de tránsito hacia otro u otros consorcios, pero finalizar, en el mediano plazo, las obras que tiene a cargo la firma Obredecht. Estas son, según expertos, las dos acciones que debe emprender cuanto antes el Gobierno, luego de la primera captura por el pago de coimas.
Es un trámite que va a generar algunas demoras, dice Ricardo Bonilla, docente de Economía de la Universidad Nacional, pero que no se puede caer en el problema constante de la infraestructura colombiana: la parálisis total ante cualquier inconveniente.
“Debe ocurrir algo parecido a lo de la calle 26 en Bogotá. Estaba a cargo de un cartel de la contratación, en el que estaban incluidos los hermanos Nule, y al final la obra fue concluida por otros operadores”, agregó Bonilla.
A diferencia del Derecho Privado, el Derecho Público faculta al Estado para que de manera inmediata y unilateral cancele un contrato cuando se demuestra que se celebró contra una prohibición legal. Así lo consagran los artículos 44 y 45 de la Ley 80 de 1993 (Esta- tuto General de Contratación de la Administración Pública).
En este caso, explica Ernesto Matallana, docente de Derecho Público de la Universidad Externado, con lo revelado por la Fiscalía se supone que Obredecht no participó en igualdad de condiciones, porque pagó comisiones para que le asignaran los contratos.
“Por lo que salió a la luz pública, el contrato fue obtenido en un fraude a la competencia, y eso no tiene nada que ver con que se ejecute bien o mal el contrato. El Estado tiene la posibilidad de esperar una sentencia que reconozca ese soborno, pero no sabemos cuánto tarde todo eso, pues la empresa podría interponer otra serie recursos”.
Matallana agrega que los abogados de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) deberían considerar la posibilidad de calificar esta conducta como un objeto ilícito, porque hay un fraude a las normas de contratación estatal y el Derecho Público, que supone una competencia sana.
El Estado estudia acciones
El Gobierno conformó una comisión integrada por la ANI, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Secretaría General de Presidencia de la República y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia. Su objetivo es analizar con expertos en Penal y Administrativo cuáles son los pasos a seguir con este contratista en el proyecto Ruta del Sol y demás obras.
Así lo confirmó el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas. “Estamos estudiando para no dar un paso mal dado, y que luego nos demanden. Lo último que quiere tener el
“No debe darse parálisis en la infraestructura ante los problemas que surgen. Ese ha sido un error en el país”. RICARDO BONILLA Docente de Economía - U. Nacional “Queremos conocer los nombres de las otras personas que están en entredicho. No toleramos la corrupción”. JORGE EDUARDO ROJAS Ministro de Transporte