Ofensiva judicial en La Guajira
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, llamó a imputación de cargos al gobernador actual, Wilmer González, a Oneida Pinto, exgobernadora, y al alcalde de Riohacha.
La corrupción no cede en La Guajira. La destitución de la gobernadora Oneida Pinto fue tan solo una arista en el desangre financiero que afronta el departamento. La Fiscalía reveló ayer que hubo irregularidades en un contrato de 16.800 millones de pesos que Pinto firmó antes de renunciar a la alcaldía de Albania.
Por esta y otras presuntas irregularidades, la exgobernadora será imputada por los delitos de peculado, celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento público. La diligencia, según el fiscal Néstor Humberto Martínez, se llevará a cabo el próximo 10 de febrero.
Otro de los hallazgos es el siguiente: “para la investigación sobre el dengue en La Guajira, Colciencias dio 4.600 millones de pesos, de los que 360 millones se habrían destinado para otros fines”.
De otro lado, Pinto es investigada por su presunta participación en una serie de amenazas contra el exgobernador de La Guajira, Jorge Enrique Vélez. El último frente de investigación tiene que ver con supuestas irregularidades en contratos para la alimentación escolar, desfalco calculado en 1.150 millones de pesos.
El sucesor de Pinto, el gobernador Wilmer González Brito, también fue llamado a audiencia de imputación de cargos, programada para el 9 de febrero en el Tribunal Superior de Bogotá. “Encontramos presuntas irregularidades en el proceso de elección del gobernador González”, dijo.
En los municipios
La red de corrupción se extendió en las alcaldías. El ente investigador también le imputará cargos a Silbelly Solano Iguarán, concejal de Maicao. Solano habría contribuido con las presuntas irregularidades electorales en La Guajira.
Por suscribir contratos supuestamente irregulares de alimentación escolar fue capturado el alcalde de Riohacha, Fabio David Velásquez, quien suscribió un convenio con la Asociación Social del Caribe por 5.000 millones de pesos. Por presuntos incumplimientos en el contrato se habrían visto afectados 22.000 estudiantes de esa ciudad. “La alimentación no le estaba llegando a los niños, y está situación fue documentada en varios colegios”, concluyó el fiscal