“Dos informes internacionales señalan una realidad que aquí se ha querido minimizar: el narcotráfico aumenta de forma imparable. Gobierno promete que ‘la paz’ traerá su extinción”.
Dos informes internacionales señalan una realidad que aquí se ha querido minimizar: el narcotráfico aumenta de forma imparable. Gobierno promete que “la paz” traerá su extinción.
Tanto el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, como el de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, divulgados el pasado jueves, dejan otra vez en evidencia un problema que el Gobierno Nacional ha tratado de soslayar de todas las formas posibles: la imparable expansión de las áreas de cultivos ilícitos en el país, la creciente producción de cocaína y la consiguiente exportación, para continuar siendo el mayor productor y exportador de cocaína del mundo.
Los datos del informe del Departamento de Estado dicen que en Colombia ha aumentado el 42 por ciento en el cultivo ilegal de coca de 2014 a 2015. “Colombia sigue siendo el principal proveedor de cocaína, además de fuente de heroína y marihuana”, dice antes de añadir que, aparte del aumento de cultivos de hoja de coca, la producción de cocaína pura en 2015 aumentó un 60 por ciento, llegando a 495 toneladas métricas, 185 toneladas por encima de la producción de 2014. “El 90 por ciento de las muestras de cocaína incautadas en los Estados Unidos en 2015 y sujetas a análisis de laboratorio fueron de origen colombiano”.
Según las cifras de Estados Unidos, el cultivo de coca aumentó notablemente en el Cauca (a 27.000 hectáreas, con un incremento del 116 por ciento), Norte de Santander (a 30.500 hectáreas, un 85 por ciento) y Putumayo (a 22.000 hectáreas, un aumento de 76 por ciento). Antioquia aumentó las zonas de cultivo “menos del 25 por ciento”.
Más allá de las cifras, alarmantes por sí solas, hay que mirar el análisis que hace el Departamento de Estado sobre las causas de este crecimiento en las cadenas del narcotráfico. Atribuye dos de esas causas directamente a las Farc. Por un lado, sus cabecillas instigaron a los cultivadores a aumentar las siembras para forzar al Gobierno a invertir más recursos en esas zonas, y, por otra, durante las negociaciones de paz con esa guerrilla, “el Gobierno redujo las operaciones en zonas controladas por las Farc para dis- minuir el riesgo de conflicto armado”. Y, obviamente, el informe menciona los efectos de la suspensión de aspersión aérea con glifosato, ordenada en octubre de 2015. De allí se deriva que el informe con los datos de 2016 será aún peor.
Este informe, aunque divulgado ya en ejercicio de la Administración Trump, corresponde a los estudios y conclusiones de la Administración Obama. Aunque allí mismo se asegura que el Go- bierno colombiano no patrocina ni estimula el narcotráfico, habrá que ver qué conclusiones saca el nuevo Gobierno, y las consecuencias, sobre la posible omisión de erradicación y operativos para no molestar a las Farc. También, qué actitud tendrán frente a las promesas colombianas de que los acuerdos con las Farc permitirán reducir de forma apreciable el narcotráfico, cuestión que ni los mismos líderes guerrilleros parecen creer.
Las cifras del informe de la JIFE también hablan del incremento de cultivos ilícitos, aunque la fija en el 39 por ciento entre 2014 y 2015. Anotan, además, que confían en que el acuerdo entre el Gobierno y las Farc “tenga un efecto positivo sobre, entre otras cosas, la situación de la fiscalización de drogas en el país”.
Las enormes ganancias para los carteles de drogas, incluida en ellos las Farc, así como la imparable demanda exterior e interior por estupefacientes hacen que este negocio sea prácticamente inatajable. Por mucha voluntad y transparencia que ofrezcan los gobiernos de Colombia, nuestra Nación no podrá ella sola resolver un problema de toda la humanidad