La Policía lucha contra el contrabando, la falsificación y la adulteración de medicinas. Se trata de un mercado en expansión que pone en grave peligro la vida del consumidor. Se necesita remedio.
La Policía lucha contra el contrabando, la falsificación y la adulteración de medicinas. Se trata de un mercado en expansión que pone en grave peligro la vida del consumidor. Se necesita remedio.
La venta de medicamentos con alteraciones es un atentado contra la vida de los consumidores. No se trata de un delito menor, pero pareciera que aún no se dimensiona en los efectos dañinos que puede tener sobre la salud de miles de personas. Antioquia es hoy uno de los mercados donde más proliferan estas prácticas fraudulentas en oferta farmacéutica.
Ya hay redes especializadas en el contrabando, fabricación, alteración y distribución de esos materiales, los cuales configuran el delito de “corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico”, tipificado en el artículo 372 del Código Penal.
Un informe dominical de este diario, apoyado en documentos y testimonios de oficiales de la Región n.° 6 de la Policía, integrados a la lucha contra este flagelo, constata que en la mayoría de los casos los expendedores eran regentes de farmacia con la experticia necesaria para distinguir medicamentos de origen lícito y controlado, pero que aún así se arriesgaban (y se arriesgan) con la venta de droga pirata que no alivia a los enfermos o que puede agravar su salud, causar daños irreversibles o incluso llevarlos a la muerte.
Los vacíos éticos, normativos y jurídicos de la sociedad colombiana son numerosos y graves. El engaño con fármacos es otra cadena con ramificaciones en el lavado de activos y el narcotráfico. Y se inserta en dinámicas de contrabando abierto o técnico. El primero, camuflado en envíos clandestinos. El segundo, mimetizado con la manipulación de documentos aduaneros.
Lo peor de todo es que este delito afecta con mayor fuerza a capas de pobladores de los estratos 1,2, 3 y 4 que buscan la mayor economía en la compra de medicamentos en un país particularmente costoso en este segmento del comercio. Según Fenalco, es población que “por su baja capacidad adquisitiva” es permeada por estos productos.
Pero la paradoja es que con las implicaciones que tiene esta actividad ilegal para la integridad de los ciudadanos, los capturados reciben libertad condicional o detención domiciliaria y las farmacias son cerradas temporalmente y luego reabiertas si presentan un plan de mejoramiento. Por eso, la comunidad reclama mayor rigurosidad jurídica y penal, de ser el caso.
El primer trimestre de 2017 van 28 farmacias clausuradas provisionalmente en el departamento. La mayoría en el Valle de Aburrá, Urabá, Bajo Cauca, Suroeste, Norte y Nordeste.
La gente debe saber que además de que se expenden medicamentos de contrabando y falsificados, es corriente que también haya unidades vencidas a las que se les está remarcando su fecha de expiración. Por supuesto, los más alterados son los analgésicos, antibióticos, antipiréticos y dosis para dolores gástricos y renales. Amplio espectro.
Las conductas de muchos regentes y negocios detectados dice de la ilegalidad de su oferta: productos ocultos en caletas o en bodegas contiguas, precios notoriamente inferiores y una irresponsabilidad mayúscula que degrada el servicio esencial que prestan a sus clientes.
Como debe ocurrir frente a este tipo de lacras, de vicios morales, que ocasionan daños tan conscientes a la sociedad, los caminos son la denuncia y la acción policial y punitiva. No puede ser que prospere un comercio de tal laya, que cruza peligrosamente la línea a un lucro a cualquier precio, para la salud de otros. Debe haber remedio para una práctica que, sin duda, nos enferma en todos los sentidos posibles