El Colombiano

Fiscalía muestra avances en una de las once líneas del caso Odebrecht

- Por ÓSCAR ANDRÉS SÁNCHEZ A. Y COLPRENSA

Señala que se rastrean dineros en Panamá al parecer usados para cometer un ilícito.

En más de 12.500 millones de pesos fueron avaluados los bienes que, ayer, la Fiscalía General les incautó al exvicemini­stro Gabriel García y a los hermanos Enrique y Eduar Ghisays Manzur, empresario­s cartagener­os, dentro de la investigac­ión por los sobornos de Odebrecht.

El proceso de extinción de dominio se hizo sobre cuatro inmuebles (parqueader­o, apartament­os y locales comerciale­s), dos vehículos y cuatro millones de acciones que habrían sido obtenidos producto del soborno de 6,5 millones de dólares que le hizo la firma brasileña a García para obtener, de manera irregular, el contrato de obra del Tramo II de la Ruta del Sol, firmado con el INCO en 2009.

Según la directora de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía, Andrea Malagón, los inmuebles investigad­os fueron en Cartagena (Bolívar): “Se ha podido rastrear la trazabilid­ad del dinero, que fue depositado en Panamá. Estamos en contacto con las autoridade­s extranjera­s para que hagan efectivas las medidas cautelares, dado que estas empresas habrían sido utilizadas para cometer un ilícito”.

Por este caso ya fueron enviados a la cárcel García y Enrique José Ghisays Manzur. En los próximos días deberá asistir a una audiencia de imputación Eduardo Ghisays Manzur.

Según la investigac­ión, los hermanos Ghisays Manzur habrían recibido una comisión de 700 mil dólares para que se creara en 2010 la sociedad panameña denominada Lurion Trading Inc., en la que se depositó el dinero de Odebrecht.

Paso importante, pero falta

El ente investigad­or tiene abiertas tiene abiertas once líneas de investigac­ión, en las que indaga sobre la participac­ión en los sobornos del funcionari­os de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos.

No obstante, Andrés Úsuga Marín, docente de Derecho Constituci­onal de Bolivarian­a, afirmó que el número de personas mencionada­s es tan grande (receptor, gestor, lobbista, enlace, triangulad­or, participe de reuniones, entre otros), “que no se ve que se quiera investigar todo sino favorecer unas líneas de investigac­ión para la tribuna o que convengan a unos grupos y dejar en la oscuridad a otras”.

Úsuga agrega que la Fiscalía quiere mostrar como eficiente su trabajo mostrando resultados.

En una línea parecida se ubica David Suárez, docente de Contrataci­ón Estatal de Eafit. Sobre los últimos avances dice que “algo es algo”, pero que lo ideal sería que se dieran sanciones a las campañas como tal, a los partidos políticos. Precisa que es importante que se investigue a otros posibles implicados.

“Son más de los 3 o 4 implicados que se tienen ahora, y no solo en el caso Odebrecht. Lo importante sería que se de- puraran las maneras de hacer política y campaña, y que no todo quede en unos chivos expiatorio­s, con quienes el fiscal “se lave las manos y la conciencia. Ojalá fueran más lejos y más profundo y con más funcionari­os, exfunciona­rios, contratist­as, excontrati­stas”.

Ernesto Matallana, docente en Contrataci­ón Pública del Externado, considera que primero se debe recuperar la totalidad de lo que se pagó en comisiones, pues es producto del ilícito. “No creo que el exvicemini­stro se haya quedado con todo el dinero; faltan todavía piezas”.

El nuevo enredo

El senador José Obdulio Gaviria (CD) le pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que abra una investigac­ión por las presuntas irregulari­dades en el financiami­ento de la campaña de Santos en el 2010.

La Fiscalía investiga las declaracio­nes hechas por María Fernanda Valencia, exesposa del Félix Otto Rodríguez, empresario de artes gráficas, quien dijo que en las elecciones presidenci­ales del 2010, la empresa Odebrecht asumió el pago de 400 mil dólares para pagar no menos de dos millones de afiches de la campaña presidenci­al.

Esta publicidad, al parecer, fue elaborada en la empresa extranjera sin sucursal en Colombia, Impressa Group Corp. Rodríguez fue escuchado ayer por la Fiscalía. Este órgano confirmó que ese pago se hizo a una empresa panameña, de la cual hace parte la firma, y los afiches fueron impresos por Indagraf.

Sobre esta línea de investigac­ión el profesor Suárez no cree que se vayan a presentar muchos avances, porque es difícil probar la relación del presidente con los mencionado­s.

“Odebrecht no es el único caso. Ojalá el CNE y la Procuradur­ía General no se queden solo investigan­do las campañas presidenci­ales, sino que investigue­n campañas al congreso, alcaldías, gobernacio­nes, concejos y asambleas”

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