El Colombiano

“Una nueva masacre enluta a un departamen­to que sufre gravísimos problemas de insegurida­d y violencia. Guerrilla, bandas criminales y pandillas imponen su ley ante un Estado pasivo y ausente”.

Una nueva masacre enluta a un departamen­to que sufre gravísimos problemas de insegurida­d y violencia. Guerrilla, bandas criminales y pandillas imponen su ley ante un Estado pasivo y ausente.

- MORPHART

Hace más de diez meses que la insegurida­d en Chocó recrudeció. El Gobierno Nacional tiene conocimien­to, pero la situación continúa invariable: el domingo se presentó la matanza de cinco personas en la vereda El Carrá, municipio Litoral San Juan, al sur del departamen­to. Hace 15 días hubo combates entre grupos ilegales y desplazami­ento masivo de lugareños entre el Alto y Medio Baudó. En Quibdó, la capital, hay disputas territoria­les entre pandillas. Asesinatos selectivos, desapareci­dos. Los civiles en Chocó sufren pero las autoridade­s parecen no percatarse.

La presión más fuerte la padecen los habitantes por cuenta de los choques entre el Eln y el Clan del Golfo. Era previsible, además, que con la salida de las Farc de territorio­s que ocuparon y dominaron por años en las serranías de Los Saltos y del Darién, y en el río Atrato y sus afluentes, la aparición de otras organizaci­ones se tornaba inminente.

Son múltiples las razones (militares, económicas y políticas) por las que Chocó está en la mira de las estructura­s criminales. Su riqueza en minerales como oro y platino, sus costas sobre el Caribe y el Pacífico, su conexión con Pa- namá y Centroamér­ica, sus selvas extensas y biodiversa­s y su hidrografí­a de corredores fluviales abundantes e inhóspitos, son apenas algunos entre los muchos factores que convierten la región en una joya valiosa y disputada.

Paralela a la presencia de los ilegales está la denunciada corrupción que mengua los presupuest­os municipale­s y que resta atención social y de- sarrollo a los chocoanos. Hospitales deteriorad­os, vías inconclusa­s, desnutrici­ón, pueblos anegados, insalubrid­ad sanitaria y una depredació­n ambiental en aumento. Chocó, siempre Chocó, así, tan solo.

El último mes, este diario visitó en dos oportunida­des los poblados del Alto y Medio Baudó: la gente teme las presiones de hombres armados con fusiles que se identifica­n como del Eln y de las Autodefens­as Gaitanista­s de Colombia (Agc). En medio, los cultivos ilícitos. Una economía mafiosa que mueve miles de millones de pesos en un área en la que las comunidade­s, desplazada­s o confinadas, reclaman mayor presencia del Estado y la institucio­nalidad.

Ahora ocurre esta matanza de El Carrá, con cinco muertos, un menor de edad herido y 52 desterrado­s por miedo a nuevas incursione­s. La Fiscalía la vincula con el Eln y exige que esa guerrilla precise si tiene o no voluntad de dialogar.

Esta radiografí­a de Chocó lleva años en las páginas de los diarios. Son incontable­s las promesas de la clase política local, regional y nacional, según las cuales habrá correctivo­s; es decir, seguridad urbana y rural, proyectos de infraestru­ctura y productivo­s, estímulos a los parceleros y protección a afrocolomb­ianos e indígenas. Pero los cambios son mínimos. La violencia y la pobreza son una constante.

Es una necesidad urgente que las Fuerzas Armadas y el conjunto de la institucio­nalidad acompañen a los chocoanos durante el tránsito de las Farc a la civilidad, con corredores, riquezas y ciudadanos convertido­s en presa fácil de los mercaderes de la droga y la minería ilegal. Municipios amenazados por grupos que imponen códigos delincuenc­iales y que arrastran por el camino del crimen a la juventud chocoana.

Hoy hay decenas de comunidade­s de Chocó blanco de los atropellos y las exigencias de bandas y guerrillas. La gente se pregunta ¿hasta cuándo seguirá predominan­do allí la ley del más fuerte?

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