Fiscal de EE. UU. da ultimátum a ciudades “santuario”, y estas resisten
Urbes que protegen a indocumentados son amenazadas por el Gobierno para entregar estatus migratorio de deportados.
Las ciudades santuario, unas 200 urbes de Estados Unidos, por lo general lideradas por demócratas y que han protegido a la población indocumentada, volvieron a estar en el blanco del Gobierno.
Hace dos meses el presidente Donald Trump ya había firmado un decreto para privarlas de fondos federales si se negaban a dar información sobre el estatus migratorio de sus detenidos. Ahora, el fiscal general, Jeff Sessions, les pidió en la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca, que colaboraran con las autoridades federales para detener y deportar a los indocumentados y a aquellos inmigrantes que han cometido crímenes.
“Cuando las ciudades y los estados se niegan a ayudarnos a hacer cumplir nuestras leyes, nuestro país es menos seguro. Esas políticas no pueden continuar”, dijo, y advirtió que aquellos estados, condados y ciudades que busquen subvenciones del Departamento de Justicia, como fondos para el entrenamiento de la policía local y para comprar nuevos equipos, “tendrán que mostrar que persiguen a los inmigrantes que han cometido crímenes o que llegaron al país de manera irregular”.
Lo que de fondo piden Trump y Sessions es que exista una cooperación entre la policía local y las autoridades migratorias para que los segundos entreguen información a los primeros sobre inmigrantes con antecedentes o detenidos. De esa forma se busca tener evidencias para aumentar las deportaciones, como lo prometió de forma insistente el mandatario en campaña.
Ciudades resisten
No obstante, los alcaldes de estas urbes, como Bill de Blasio, de Nueva York, rechazan el pedido del Gobierno y defienden su autonomía para seguir siendo “santuarios”. De acuerdo con María Teresa Palacios, experta en migraciones y derechos humanos en la Universidad del Rosario, su defensa es legítima.
“En Estados Unidos, dentro de las competencias policiales no está solicitar documenta- ción que dé cuenta del estatus migratorio, como la visa vigente o el permiso de trabajo de la personas, aunque se trate de un migrante en situación de irregularidad”, explica la experta, y detalla que lo que pide Trump es que las ciuda- des y estados “santuario” creen nuevas facultades y permitan a la Policía indagar más de lo permitido hasta ahora.
Según Palacios, la resistencia de urbes como Nueva York, Los Ángeles y Filadelfia no solo es un acto de solidaridad, sino
la confirmación de que EE. UU. necesita a sus migrantes como motor de la economía.
En eso concuerda Fernando Neira, experto en migraciones del Centro de Investigación en América Latina de la Universidad Autónoma de México (Unam). Para él, la activación del programa para deportar a presos indocumentados y la decisión de quitar apoyo económico federal a las ciudades “santuario”, a largo plazo, fomentarán la violación de los derechos humanos para los más de 43 millones de hispanos que están en territorio americano e incrementará la cultura de odio y xenofobia hacia migrantes. En especial, concluye, “generará un drama humano para lo cual los estados del norte y nuestros países no estamos preparados”