El derecho a competir en igualdad por ser gobierno

Teóricamente hablando los derechos de la oposición política deben ser la pieza fundamental de cualquier democracia pluralista. Implican garantías para el ejercicio parlamentario, elecciones limpias, medios de comunicación al servicio del interés público, una descentralización robusta, entre otras. De ello depende que haya rotación en el poder de gobierno. Que la fuerza de las mayorías, a veces ancladas en la opinión pública pero también en dispositivos consolidados de carácter clientelista y plutocrático, no termine arrasando la posibilidad de conformar alternativas políticas. En el caso colombiano el bipartidismo bicentenario ha generado una cultura política basada en el “miedo al pueblo” y el miedo a la oposición. Por eso el país nunca ha sido gobernado por una fuerza política que no sea una variante de los partidos liberal y conservador. Es cierto que en toda democracia la regla de la mayoría constituye el mecanismo para determinar quién debe gobernar. Pero también es cierto que muchas veces las elecciones son disputadas y que la abstención ronda un promedio cercano al 40% cuando no hay sufragio obligatorio. Estas situaciones se agravan en Colombia por la crisis de garantías derivadas de un conflicto armado con más de 8 millones de víctimas y por el deficitario sistema institucional de garantía de los derechos políticos. Estas razones y las que se desprenden del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc deben conducir a establecer una democracia plena de garantías y a estimular la participación política de movimientos antes situados en la guerra o en la abstención política. El derecho a la oposición no es otra cosa que el derecho a competir limpiamente por ser gobierno. Por eso, desde el punto de vista político, la consolidación de la paz depende de la existencia normativa y fáctica de ese sistema de garantías.