EDITORIAL
Algunas propuestas de la Misión Especial Electoral tienen sentido, aunque no aquella de crear otra corte. Será clave la aprobación del Congreso a las normas sobre financiación de la política.
“Algunas propuestas de la Misión Especial Electoral tienen sentido, aunque no aquella de crear otra corte. Será clave la aprobación del Congreso a las normas sobre financiación de la política”.
Uno de los puntos de la agenda común que acordaron el Gobierno colombiano y las Farc en sus pactos, fue el de una reforma electoral. Para ello, convinieron crear una misión especial que presentaría unas propuestas al Gobierno, para que este las sometiera al Congreso, que hará las reformas constitucionales y legales respectivas.
Por ser aplicación directa del acuerdo con la guerrilla, el mecanismo que se usará para esta reforma electoral será el de la vía rápida ( fast track) que, como solo pocos colombianos saben porque no parece haber mayor interés, implica no solo la adopción de trámites legislativos abreviados, sino un recorte severo en las competencias que en materia de deliberación, debate e iniciativa, tienen los congresistas, que las cedieron a favor del poder Ejecutivo.
La Misión Electoral Especial (MEE), ya entregó al presidente de la República el documento con sus propuestas. Estas se concentran en tres ejes: una nueva arquitectura institucional electoral; el sistema electoral propiamente dicho; y el financiamiento de la política. Entre los objetivos están los de mejorar la calidad de la representación política, forta- lecer el sistema partidista para que sea menos personalista y menos clientelista, y aumentar la financiación estatal de las campañas, por vía de aportes directos e indirectos.
En cuanto al primer eje, se propone reformar el Consejo Nacional Electoral, que pasaría a ser el Consejo Electoral Colombiano, con siete miembros elegidos por el mismo Consejo de ternas de la Corte Consti- tucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia de la República. Implica pasar de una elección hecha por el Congreso de la República a propuesta de los partidos políticos. Parece a primera vista un cambio positivo, pero que añade otra competencia electoral a las altas cortes, con las consecuencias de politización y clientelismo judicial de las que han dado tristes y suficientes muestras.
Igual ocurre con la propuesta de crear una nueva Corte Electoral, como máxima jurisdicción en dichas materias, perteneciente a la Rama Judicial. Esto ha tenido constestación negativa por parte del Consejo de Estado, que protesta ante la posibilidad de que se sustituya su sección Quinta, de asuntos electorales, para que sus competencias sean asumidas por esa nueva corte.
Y, en efecto, no parece haber necesidad de una nueva entidad. Lo que sí debe hacerse es fortalecer la sección Quinta del Consejo de Estado, dotándola de mayores medios y personal auxiliar, tal como se esboza para lo que sería una nueva corte. Entre otras cosas, como lo refleja el informe que publicamos hoy, no se encuentra en el documento de la MEE un cálculo de los costos que implicarían estas reformas, que en todo caso no serán costos menores.
Las propuestas de la MEE no son textos de iniciativa legislativa, si no un borrador porque será el Gobierno el que decida cuáles opciones escoge y las presenta como proyecto de Acto Legislativo, para su tramitación por vía rápida. En el Congreso se reducirán a cuatro debates, pues así lo consagra el fast track, y de ahí la necesidad de que el país esté atento a lo que allí se debata y decida.
Particular importancia tendrán las nuevas normas de financiación de los partidos y las campañas políticas. Ahí radica la nuez de los vicios y corruptelas que manchan la actividad política y gubernamental a todos los niveles